“El Estado es el principal constructor de riesgos”: Las lecciones aprendidas y por aprender del 27F

Talcahuano tras el terremoto y maremoto. Foto: Diego Ibacache | Flickr

Por Cecilia Ananías para Académicos y Académicas UdeC

El terremoto del 27F fue uno de los eventos sísmicos más grandes del mundo en los últimos 50 años, al punto de que el eje de la Tierra se inclinó 8 centímetros -alterando la duración del día- y la ciudad de Concepción se movió tres metros hacia el oeste. A diez años de este fenómeno, no solo se conmemora la fecha en recuerdo de las pérdidas humanas, sino que también es un espacio para reflexionar, ¿qué se aprendió y qué nos falta aún? ¿Cómo prevenir las muertes en próximos sismos?

La académica de Geografía de la Universidad de Concepción, Edilia Jaque Castillo, destaca la resiliencia que tenemos como población ante la multiplicidad de eventos naturales que ocurren en nuestro país y que tenemos “más o menos resuelto el proceso de reconstrucción, en el sentido de que existe un presupuesto determinado a esto, lo cual facilita bastante el proceso”. Pero, para la doctora en Ciencias Ambientales, “aunque tenemos una Oficina Nacional de Emergencias y una Ley de Catástrofes, no estábamos preparados para un evento como el 27F. Recuerdo cuando ocurrió el tsunami de Indonesia del 2003 y les preguntaban a las autoridades de Chile qué pasaría si esto ocurriera acá y ellos afirmaban que teníamos todo resuelto “.

Recordemos que este movimiento telúrico ha sido el segundo más fuerte en la historia de nuestro país y dejó 523 víctimas fatales y cerca de 2 millones de damnificados en 233 comunas. No solo afectó viviendas, sino que también cientos de hospitales y recintos educacionales.Por eso, al hablar de avances, para el profesor de Geología de la UdeC, Jorge Quezada Flory, uno de ellos es la construcción, mas, aún estamos al debe: “Se ha mejorado en la norma antisísmica, principalmente en la construcción de edificios, donde se pide conocer las características de los suelos hasta los 30 metros de profundidad y se pide evaluar más parámetros… pero falta conocer más estudios geológicos de posibles fallas que pudieran reactivarse y suelos licuables”.

La caída del edificio Alto Río en Concepción.
Foto: Transgenic Fetish | Flickr

Para Quezada, uno de los desafíos pendientes, es mejorar las predicciones, considerando cuán diferentes pueden ser los eventos sísmicos: “Los terremotos no son iguales uno a otro. De hecho, el terremoto del 2010 tiene grandes diferencias con el que ocurrió en 1960. En el terremoto de Valdivia, existieron dos segmentos de ruptura; el primero ocurrió el 21 de mayo, desde Concepción al sur, hasta Puerto Saavedra y al día siguiente, desde allí hasta la Península de Taitao; en cambio, en 2010 también tuvo dos segmentos de ruptura, pero con una diferencia de un minuto una de otra; el segmento sur fue el primero en quebrarse, desde Cobquecura hasta Tirúa y el segundo fue de sur a norte, desde Constitución hasta Valparaíso, lo que constituye una particularidad”.

Si bien, no es posible predecir el momento exacto cuando va a ocurrir un terremoto –aún-, sí existen aproximaciones en base a desplazamientos horizontales medidos con satélites GPS o movimientos verticales medidos, con otros satélites, realizando interferometría de radar. Pero como explica Quezada: “Aún nos falta mucho por aprender. A principios de la década, se esperaba un megaterremoto en el norte y algo más leve en el sur, pero ocurrió un sismo típico en 2014, entre Iquique y Pisagua, mientras que para el sur ocurrió uno del doble la magnitud esperada, con 8.8 grados en escala Richter y en una zona mucho más extendida, entre Valparaíso y el sur de Tirúa”.

Construir el riesgo

Hoy, el docente asociado del Departamento de Ciencias de la Tierra de la UdeC mira con preocupación que continúen prácticas riesgosas, como los rellenos de pantanos y humedales. “Es algo que no debiera hacerse”.  Mirada que también comparte la Dra. Jaque: “En el contexto de un terremoto, lo importante es preguntarnos, ¿cómo evitamos las pérdidas de vida? Porque lo material se puede recuperar. Y en ese sentido, no nos hemos hecho cargo y quienes tienen poder en la toma de decisiones, siguen generando mayor vulnerabilidad. Para mí, el Estado es uno de los principales constructores de riesgos”, declara.

Foto de Felipe Barra | Flickr

Un ejemplo de esto, es que se siga construyendo en zonas amenazadas: “Construir el riesgo es rellenar humedales y luego construir viviendas sobre ese relleno, a pesar de la amenaza de licuefacción”, describe Jaque. La licuefacción de suelos es un fenómeno en el cual los terrenos, especialmente de arena o grava, pierden su firmeza a causa de la saturación de agua y de los temblores, fluyendo y con esto, desplazando, hundiendo o, incluso, volcando cualquier infraestructura instalada sobre estos.

Como agrega la docente de Geografía: “En nuestro territorio, este problema afectó a poblaciones completas, porque, aunque rellenen, continúan las napas de agua bajo el subsuelo, volviendo el terreno absolutamente inestable. Ocurrió en lugares como San Pedro del Valle, zonas cercanas al Humedal de Carampangue en Arauco, el sector Andalién de Concepción y la Población Santa María de Hualpén, donde se ha rellenado sistemáticamente el Humedal Tucapel; ahí, las casas prácticamente se deformaron. Para peor, cualquier estudio de riesgo queda obsoleto, cuando las dinámicas de ocupación del territorio son tan rápidas y agresivas, que en un año nos encontramos con cientos de edificaciones en situaciones similares”.

Foto de Annais Ferreira | Flickr

Cabe destacar que la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones determina en su artículo 2.1.17 que los planes reguladores pueden definir áreas restringidas por ser un peligro potencial para los asentamientos humanos y entre estas nombra zonas potencialmente inundables como napas freáticas y pantanos, se continúa edificando en estos lugares y, además, no se consideran otras amenazas en esta ley, tal como advierte la Dra. Jaque:

“Hay una multiplicidad de fenómenos que debieran incorporarse en una política de riesgo y que incorpore los temas locales. En agosto, Concepción y Talcahuano se vieron afectados por una tromba marina y nadie sabía qué hacer, porque no estaba incluida en esta ley. Lo mismo ocurre con la licuefacción y las remociones en masa. Y no podemos minimizar el hecho de que el 2010, este artículo no incluía los maremotos, por lo que hubo que realizar una modificación rápida. Entonces por qué no trabajamos en una actualización completa de esos artículos con aporte de regiones. El Estado está en deuda, porque va resolviendo poco a poco y a medida que ocurren los eventos”.

Otra zona de riesgo, es la misma orilla de mar, aunque claramente no es tan simple como abandonar este sector, por la importancia económica y cultural que significa para miles de familias. Quezada indica que, aunque se ha aprendido a edificar de otra forma en el borde costero, con viviendas tipo palafito, “el problema es que el primer piso de estas viviendas se habilita para uso habitacional, lo cual vuelve vulnerable ante maremotos. También, se han creado franjas de seguridad, con plantaciones forestales a modo de barrera en localidades costeras, aunque se ha demostrado que no son una medida eficaz de protección. Se han aprendido lecciones, pero falta mucho por hacer”.

Educar y prevenir

Para el Doctor en Ciencias, es vital la educación. “Que la gente conozca más las vías de evacuación y también diversificarlas; no basta con que sea una, porque, en caso de una emergencia, puede saturarse. También es importante contar con señaléticas de zona segura y que sean entendibles por la población y que la ONEMI extienda sus planes de educación ante catástrofes naturales”.

Borde costero destruido por el terremoto y tsunami. Foto de Weeeh | Flickr

A esto, Quezada suma lo que se puede aportar desde los centros de estudios superiores y de investigación: “Los académicos y académicas podemos aportar mucho más. Lamentablemente, muchos se restringen a acciones locales o solo a publicar los resultados en un paper, sin acercar este conocimiento al resto de la población”.  Por eso, tanto para Quezada como para Jaque es vital no solo en generar conocimiento científico, sino que en acercarlo a municipalidades y comunidades. De hecho, “fuimos los primeros en darnos cuenta que el terremoto de Pichilemu del 11 de marzo de 2010 no fue réplica, sino otro terremoto intraplaca. Además, pronto publicaremos nuestro estudio que prueba que la zona austral de la ruptura 2010 no ocurrió por el contacto entre las placas, sino por la placa Sudamericana a través de la falla geológica cortical Tirúa-Mocha”.

Finalmente, Quezada indica que, si bien algunos municipios tienen estudios de riesgos, muchos de ellos no son conocidos por la comunidad. Para Jaque, todo esto es efecto de no contar con un trabajo sistemático ni de una gestión integrada del riesgo:

“Tenemos una institucionalidad, la ONEMI, sin embargo, el cambio de enfoque, desde la reacción a la prevención, ha sido muy lento. Esto debe verse desde el Estado y debe tener una multiplicidad de aspectos que tocar: desde la legislación urbana, pasando por políticas de educación, hasta una política de seguros ante catástrofes naturales. Cabe recordar que no todos los municipios tienen una oficina de gestión del riesgo, siendo que esto debe ser una tarea a nivel nacional, regional y comunal. Siento que, tras el 27F, todas las energías se enfocaron en construir viviendas, pero el trabajo no termina ahí”, puntualiza Jaque.

Plaza de la Independencia de Concepción. Foto de _P_ | Flickr

Para la académica, también ha sido un error en las políticas de educación “retirar la Geografía de la Enseñanza Media, porque genera que no haya una mirada sobre la gestión del riesgo que sea integradora; entiendo que algunos fenómenos como el volcanismo se ven en Física y Química y eso descontextualiza el riesgo como lo que es: como un evento potencialmente desastroso en un contexto de mediana o alta vulnerabilidad” y que también implica una mirada de Estado y social. Por eso, para Jaque “es el momento más clave para comenzar a trabajar desde lo local a lo regional y a aportar a una política de Estado de gestión integral de riesgo”.

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