“El pago de Chile”: Dos historias sobre jubilaciones de académicos de la Udec

Por Cecilia Ananías

Javiera San Martín (cc) | Flickr

Javiera San Martín (cc) | Flickr

Fue a finales de julio, que se destaparon las escandalosas pensiones de más de una decena de funcionarios de Gendarmería, entre ellos, Myriam Olate, la ex subdirectora técnica de Gendarmería. Ahí, se descubrió que la también ex esposa de Osvaldo Andrade (PS) recibía una pensión de 5 millones, en un país donde 9 de cada diez personas jubila con menos de 150 mil pesos en la modalidad de vejez retiro programado, según Fundación Sol.

El hecho remeció a una ciudadanía dormida, que comenzó a movilizarse en contra del sistema de AFP: la marcha del 21 de agosto convocó a más de 600 mil asistentes sólo en Santiago (según cifras de los organizadores). Las protestas se repitieron a lo largo de todo el país, convocando a familias completas a la calle.

Aunque las movilizaciones han encendido el debate, tanto a nivel social como político, aún no existen soluciones concretas. En medio de esto, cabe preguntarse ¿cómo afecta esto a los académicos de la Universidad de Concepción? Conversamos con el Dr. Benito Rodríguez, quien jubiló recientemente a través de las AFP y también con el Dr. Eduardo Tarifeño, quien logró volver al sistema antiguo de pensiones –tras una ardua batalla burocrática-, además del abogado Marcelo Troncoso Romero y esto descubrimos.

Ni aunque se trabaje harto

Benito Rodríguez | Udec.cl

Benito Rodríguez | Udec.cl

El profesor del Departamento de Química Orgánica, Doctor Benito Rodríguez, ha seguido atentamente las manifestaciones en contra de las AFP en los medios de comunicación y aunque no ha podido sumarse a estas, afirma que “ganas no me han faltado”.

Antes de jubilarse, este docente intentó volver al Instituto Previsional Social porque “tenía entendido que había impuesto en el sistema anterior, cuando era ayudante en la Universidad de Chile”. Pero cada vez que preguntó “me dijeron que no había cotizaciones a mi nombre”, explica. Rodríguez sabía que esto no era cierto, pero no tenía cómo probarlo “sólo tenía unos recibos del sueldo en total”, pero no de la imposición.

Así que eventualmente “dejé de tratar de volver y me quedé en la AFP porque no había otra alternativa”, agrega. A finales de diciembre del 2015, se jubiló, aunque continúa trabajando un cuarto de jornada en la Udec. Cuando ya había jubilado, “hablando con un compañero de mi misma generación en la Universidad de Chile, me dijo que sí era cierto que nos impusieron. A él también se las negaron, pero a través de la Controlaría las descubrió y pudo regresar al sistema antiguo, con muchos mejores resultados”, detalla.

A pesar de que Rodríguez trabajó por 20 años y 10 meses en la Udec con un buen sueldo (alrededor de 1 millón 800 mil pesos), monto que fue relativamente constante durante dos décadas (considerando los ajustes propios de la economía), eso se tradujo en una jubilación de 300 mil pesos mensuales. Rodríguez tiene claro que el sistema es injusto y no sólo para él, ya que “a otra colega, con un sueldo mayor al mío y que trabajó 29 años en la Udec, le calcularon una jubilación de 500 mil mensuales”.

Otros 10 años de su vida laboral, el Dr. Rodríguez los trabajó en Suecia y curiosamente “esos años allá me significaron una jubilación mayor que la de acá”, ya que por sus imposiciones por la mitad del tiempo en este país, recibe un monto de alrededor de 500 mil pesos mensuales. Otra medida que lo ayudó, es la indemnización que recibió de la Universidad de Concepción al retirarse. “Es de ayuda; es una suma que uno percibe una vez, no importando cómo uno se vaya: si te echaron, si renunciaste antes de jubilar, da lo mismo. Pero sólo es para los que están en la Asociación del Personal y para quienes tienen contrato”, precisa.

De su experiencia con las AFP, Rodríguez concluye que este sistema “no ofrece mucho, aunque hayas trabajado harto y cotizando harto, porque entregan jubilaciones que ni siquiera alcanzan el 50% del sueldo (20% en su caso). El sistema te dice que ahorres aparte, pero para eso, mejor lo haces en un banco, de otras maneras o a través de la adquisición de un inmueble”, concluye.

Una lucha contra la burocracia

Dr. Eduardo Tarifeño | Aqua.cl

Dr. Eduardo Tarifeño | Aqua.cl

La historia del Doctor en Biología, Eduardo Tarifeño Silva, parece sacada de un libro de Kafka, pero la vivió entre las oficinas de la AFP Cuprum y el Instituto de Previsión Social. Este docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas decidió regresar al antiguo sistema de jubilaciones, ya que antes de ser exonerado político, logró imponer en la Caja de Empleados Públicos y también, porque se les fueron negados varios beneficios mientras estaba en las AFP.

“Fui funcionario público hasta el 75, cuando trabajaba en la Universidad de Chile. Luego, me fui a hacer mi doctorado a Estados Unidos y durante esos 5 años, no impuse. Regresé a Chile en la década del 80 y ahí empecé a imponer como empleado particular, ya que trabajaba para la sede de Talcahuano de la Pontificia Universidad Católica, hoy UCSC”, relata. Un par de años después, apareció el sistema de AFP. “Nos dijeron ‘está este nuevo sistema y quienes quieran traspasarse, lo pueden hacer’, aunque fue más una obligación”, agrega.

Sus quebraderos de cabeza comenzaron cuando quiso hacer los trámites para recibir una pensión contributiva que se entregaba a los exonerados políticos. Pero cuando lo intentó, se lo denegaron porque le faltaron tres meses de contribuciones y además, porque al ser traspasado desde la Caja de Empleados Públicos a la AFP había recibido un bono de reconocimiento.

Este académico hizo todas las gestiones sin abogado, yendo de caja en caja: “Cuando comencé mi trámite para tener mi pensión no contributiva, me dijeron que tenía que renunciar a mi bono de reconocimiento. Como era un requisito, lo acepté y firmé el documento para renunciar al bono. Entonces, cuando me llegó la respuesta de que me rechazaban la solicitud porque no cumplía con los meses, yo me quedé sin bono ni pensión no contributiva”, detalla.

A pesar del sinsabor, debió seguir imponiendo, hasta que en un momento se le ocurrió volver al sistema antiguo, idea que se vio reforzada cuando comenzaron a surgir cifras que comparaban las jubilaciones con el sistema actual y el IPS, revelando profundas diferencias.

Ahí comenzó otra guerra de papeleo: “Al principio me decían que no se podía. Finalmente aceptaron mi solicitud, pero me advirtieron que lo revisarían internamente, luego pasaría a la Superintendencia y en fin, que el trámite podía tardar 8 a 10 meses. Tuve que llenar unos formularios larguísimos, anotando a mano todo lo que había impuesto desde mi primer sueldo –tenía 30 años de trabajo en ese entonces-. Esa misma información la tenía la AFP, pero como la ley decía que tenía que ser del puño y letra de la persona, tuve que hacerlo”, explica.

Sus esfuerzos tuvieron su recompensa, ya que meses después le llegó una carta formal de la Superintendencia de AFP aceptando su solicitud. “Debo dejar claro que el informe de la AFP decía que la rechazaban, pero el Superintendente estaba por encima y dijo que era a lugar, porque había otros casos de funcionarios de la UDEC que habían sido transferidos al sistema anterior con antecedentes similares a los míos. Y también, porque hay una ley del año 40. El decreto es cortito y dice que para efectos previsionales, los empleados de la Udec deben ser considerados como empleados públicos, lo que fue acotado por el mismo superintendente”, revela.

Cuando ya iba a materializar el traspaso –en el 2005-, muy en contra de los deseos de su AFP, estos le advirtieron que, como en Cuprum imponía el 10% y en el IPS se solicitaba el 19%, “iba a haber una diferencia de plata que no impuse y que al momento que jubile, me la iban a descontar”. Tarifeño tomó el riesgo y al traspasarse, descubrió que el dinero que tenía en la AFP “era suficiente para cubrir todo lo que teóricamente debí haber impuesto –en el IPS- y además, recibí un cheque por excedentes; no diré de cuánto, pero un monto que jamás pensé que iba a recibir”, detalla. “Por eso no quieren que uno se vaya”, agrega.

Además, al regresar al sistema antiguo, aceptaron su solicitud para recibir la pensión no contributiva, por lo que el traspaso fue todo un triunfo. De la experiencia, concluye que la ley que lo ayudó, la n° 6755 “debe ser analizada, porque me parece que es un elemento importante, para saber si abre la opción para que los funcionarios de la Udec, hayan impuesto o no en las cajas antiguas, puedan volver al IPS. No me cabe duda que quienes sí impusieron. No sé los demás”, plantea.

¿Empleados públicos?

Rodrigo Tejeda (cc) | Flickr

Rodrigo Tejeda (cc) | Flickr

Hoy, puede sonar extraño que una ley previsional haya considerado a los funcionarios de la Udec como empleados públicos, considerando que esta casa de estudios es una corporación y que se ampara en incisos como “necesidades de la empresa” para justificar los despidos de sus académicos. Pero es cierto: fue en 1940, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que se promulgó la ley 6755, la cual incluye al personal docente, administrativo y auxiliar de la Universidad de Concepción en la Caja Nacional de Empleados Públicos.

Eso sí, en teoría no está totalmente vigente, ya que como explica el abogado y docente de la Udec, Marcelo Troncoso Romero, “los DL 3500 y 3501 que establecieron el nuevo régimen de pensiones eliminaron todas las cajas antiguas y las reunieron en lo que fue el INP o Instituto de Normalización Previsional, hoy IPS. De manera que, en estricto rigor, la ley no está vigente”, explica.

El director del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho detalla que “algunos trabajadores pueden volver al antiguo sistema siempre y cuando reúnan algunos requisitos. Primero, tienen que haber sido trabajadores al momento del inicio del nuevo sistema, tener derecho a bono de reconocimiento y 60 cotizaciones. También, quienes sin tener este bono hayan cotizado por lo menos 12 veces en el sistema antiguo”, como fue el caso del Dr. Tarifeño.

Pero “en ningún caso se puede aplicar a los que nunca cotizaron el sistema antiguo, porque una vez que entró en vigencia, salvo excepciones, el sistema de AFP era el único y obligatorio. No significa que los trabajadores de la Universidad de Concepción sean empleados públicos: sólo se les asimiló a esa categoría para efectos previsionales. Somos trabajadores comunes y corrientes del Código del Trabajo”, concluye.

Un tema en el centro del debate y que también afecta a los académicos y funcionarios de este plantel. Si bien estas son las historias de sólo dos académicos, se hace urgente plantearse las jubilaciones que recibirán los trabajadores de la Udec hoy y en el futuro, considerando que buen número de estos “boletea” sin cotizaciones de por medio y muchos otros presentan “lagunas” previsionales, a raíz de las dificultades para abrirse paso en el mercado laboral chileno.

¿Será posible subsanar las falencias de este sistema privado? ¿Se necesitará un sistema completamente nuevo? Y, más importante aún, ¿se logrará una solución pronto o nos enfrentaremos a toda una generación de académicos y funcionarios de vejez empobrecida?

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