Vencer el miedo: Tres académicos que demandaron a sus universidades entregan sus testimonios

Por Cecilia Ananías Soto

Enfrentar judicialmente a la universidad donde se enseñó, trabajó e investigó no es exactamente algo por lo que quiera pasar un académico. Pero tristemente, ocurre de manera frecuente. Quizás el caso más conocido en la Universidad de Concepción fue el del Doctor Andreas Polymeris: en 2015, este investigador fue despedido del Departamento de Ingeniería Informática sin previo aviso y a pesar de todas sus competencias. Aunque presentó una tutela laboral en contra de este plantel, ésta fue rechazada y sólo se ordenó el pago de una indemnización por el despido injustificado.

“Sí: yo obtuve una suma de dinero que más o menos corresponde a lo que hubiera percibido invirtiendo mis esfuerzos en algo profesional. Pero nosotros, los disidentes que anhelábamos que este juicio condenara el totalitarismo de las eternizadas autoridades de la UdeC, perdimos. Y por goleada; porque la sentencia más bien aporta un nuevo caso de precedencia que probablemente respaldará el futuro despotismo de las autoridades”, escribió Polymeris a través de su blog personal.

Un año después de esto, volvieron a ser despedidos otros cinco académicos en circunstancias similares: sin previo aviso y sin justificaciones. Y mientras algunos prefirieron concentrarse en la búsqueda de un nuevo trabajo, otros optaron por emprender el duro camino judicial.

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El ex docente de Periodismo, Rodrigo Agurto, demandó a la Udec para que reconocieran en su indemnización todos los años que trabajó a honorarios, con buenos resultados; aunque hasta hoy se lamenta de no haber podido emprender una demanda por el acoso laboral del que también fue objeto. Pero quizás el triunfo más potente lo logró el Doctor en Antropología, Rodrigo Herrera, quien consiguió que se reconociera a nivel judicial que fue despedido por causas subjetivas.

Conversamos con estos dos académicos de la Universidad de Concepción y unimos sus testimonios a los del Doctor Pablo Valladares, el primer académico que logró demandar exitosamente a una universidad estatal chilena (la Universidad de Tarapacá) por vulnerar sus derechos fundamentales como académico e investigador. Esto fue lo que nos contaron.

Un triunfo simbólico

Fue a finales de enero, cuando todos los docentes pensaban en el cierre del semestre, que el doctor en Antropología, Rodrigo Herrera, recibió una carta de despido por “necesidades de la empresa, derivada de la reestructuración de los servicios”. Cuando preguntó por qué lo desligaban de la universidad, de manera oral le informaron que no se había presentado a evaluación académica y que no cumplía con su carga docente, a pesar de que constantemente había sido calificado como sobresaliente en cada una de las evaluaciones.

Aunque la Asociación de Académicos EMG envió una carta a Rectoría exigiendo la restitución de Herrera y de otros los docentes afectados, sólo obtuvieron una escueta respuesta del rector Sergio Lavanchy: “no es posible acceder a lo que en ella solicitan”. Fue ahí que el Dr. Herrera decidió tomar acciones legales, interponiendo una tutela laboral a finales de abril.

Respuesta de Rectoría frente a la carta de la Asociación de Académicos EMG

Respuesta de Rectoría frente a la carta de la Asociación de Académicos EMG

Entre las pruebas que este antropólogo presentó, se encontraba una carta firmada por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Bernardo Castro Ramírez, donde se divulgaban los motivos por los que habría sido despedido, los cuales jamás fueron difundidos de manera pública, ya que se trataban de razones netamente arbitrarias y personales.

En este documento se vertían “opiniones de orden estrictamente personal y en ningún momento se referían a cuestiones académicas o profesionales demostrables en relación a mi desempeño académico”, explica Herrera. De hecho, su despido fue decidido de forma tan autoritaria que “ni siquiera la vicedecana de la facultad –la doctora Cecilia Bustos- estaba en conocimiento del hecho”, agrega.

Finalmente, el 20 de julio se leyó la sentencia: “ Del tenor de la carta de término laboral y del mérito del resto de la prueba rendida, fácil es colegir que no se trata en el caso en cuestión de una decisión del empleador fundada en hechos objetivos, de aquellos a que alude la normativa en estudio, sino muy por el contrario, fundada en circunstancias claramente subjetivas, y en alusión a la cualificación profesional del actor para desempeñar sus funciones; por lo que cabe declarar improcedente el despido del trabajador, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva”.

El resultado lo dejó tranquilo, le significó una mayor indemnización y limpió su imagen, pero al mismo tiempo “se me vino una sensación de impunidad, porque en el fondo el fallo no toca a las personas que han obraron conscientemente mal, como el actual decano en la Facultad de Ciencias Sociales. Es difícil de sobrellevar: el saber que hay personas que actuaron premeditadamente de forma arbitraria y anti ética, pero que no les importaba, porque siempre supieron que no iban a pagar las consecuencias de ello”, afirma.

Fac. de Cs. Sociales | Foto de la Revista de T. Social Udec

Fac. de Cs. Sociales | Foto de la Revista de T. Social Udec

El antropólogo siente que lo ocurrido le deja una triste lección: “El mundo académico vive en una burbuja falsa, creyendo que hay ciertos límites y condiciones básicas, que en el fondo no hay; se trata de un mundo con los mismos problemas y conflictos como todo el resto. La Universidad de Concepción es una empresa, en última instancia, y más allá de lo que se diga por los diarios o en los discursos, se rige por la ley de la empresa privada”.

Acoso laboral en las aulas

En enero del 2016, el profesor de Periodismo y magíster en Gestión de la Comunicación, Rodrigo Agurto, trabajaba tranquilamente con algunos alumnos a los que guiaba en su tesis, cuando fue llamado a una reunión con el director de personal, Christián Chavarría, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales.

“Ahí leyeron mi carta de despido, haciendo hincapié en que debía dejar el lugar y llevarme todas mis cosas ese mismo día y que tenía hasta las 6 de la tarde para hacerlo”, relató en una entrevista anterior a la Asociación de Académicos. A él le dijeron que no calzaba con el perfil de reacreditación de la carrera de Periodismo, a pesar de que “trabajé dos años en la comisión de Acreditación y jamás se determinó ni transparentó este supuesto perfil”, agrega.

Rodrigo Agurto | Facebook

Rodrigo Agurto | Facebook

Como no le reconocían todos los años que trabajó en la Universidad de Concepción, decidió emprender una mediación legal para ser correctamente indemnizado. “Lo que yo pedía era que me reconocieran los 4 años que estuve a boleta, más el 30% por despidos injustificados. Finalmente llegamos a un acuerdo con la universidad. Fue muy rápido: yo llegué a las 8 de la mañana y antes de las 10 ya estaba cerrado el caso. Fue como un trámite”, cuenta Agurto.

Pero a pesar de que saldó este tema, existieron otros problemas que jamás pudo enfrentar en el plano legal: el ex profesor y actual investigador de la Fundación Humanos Digitales afirma haber sido víctima de acoso laboral por parte de un colega que aún trabaja en la universidad.

“Me acusó de no haberle tomado un examen a una alumna, también dijo que yo andaba recogiendo firmas para que lo echaran”, relata. “Con otros tres profesores presentamos una carta por el comportamiento violento de este profesor en una reunión. Y yo creo que no quedó ni una anotación en su hoja de vida”, agrega.

Rodrigo Agurto había mencionado en la facultad que tenía problemas con su colega: “Pasé todo el 2015 recogiendo antecedentes. Las pruebas son súper difíciles de conseguir, porque nadie te acosa por correo electrónico. Yo quería presentar esa demanda en marzo de este año, pero me echaron antes”, explica.

A pesar de los sinsabores que sufrió, él aún recuerda con nostalgia la docencia: “Lo que más me da pena, son los alumnos que quedan allá. Los mensajes que he recibido por distintos lados son terribles. ‘Profe, yo siento que voy a salir con el tremendo vacío de esto’ o ‘el otro día nos pasaron unas diapositivas que eran puro copiar y pegar de Wikipedia’”.

Agurto siente que “se está destruyendo todo el trabajo que habíamos hecho en la línea digital. Nosotros –junto al Doctor Daniel Jiménez, quien también fue despedido- habíamos logrado hacer egresar la primera cohorte del Magíster en Comunicación Digital, este año debería egresar la segunda y habían hartos interesados para la tercera, pero ese programa lo van a cerrar y es así de triste. No les interesa la academia”, puntualiza.

Del hostigamiento a un fallo histórico

El doctor en Ciencias Biomédicas, investigador y docente, Pablo Valladares Faúndez, dio un salto a la historia, luego de ganar una demanda contra la Universidad de Tarapacá por la vulneración de sus derechos laborales. El experto en vertebrados terrestres del norte de Chile se convirtió en el primer académico que demanda exitosamente a un plantel estatal por hostigamiento, aunque la proeza no fue nada fácil.

Pablo Valladares

Pablo Valladares

Todo comenzó cuando Juan Zolezzi -quien es hijo del rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi Cid- y su esposa, Sussy Bastías, solicitaron sus cátedras de Biología Molecular. “El problema es que yo había ingresado a la Universidad para cumplir con dicha docencia, por tal motivo no podía entregárselas”, relata el doctor Valladares.

Poco después, Valladares presentó una propuesta para el plan de desarrollo del Departamento de Biología, “lo que generó una controversia con Juan Zolezzi, al considerar que me había sobrepasado en mis atribuciones y había puesto en peligro el proyecto de desarrollo”, relata.

El problema fue discutido en una reunión posterior, donde “Juan y su esposa perdieron el control, llegando a ofender a colegas, entre ellos a mí. De ahí en adelante, las reuniones de Departamento fueron extremadamente tensas”.

El tema lo sobrepasó al punto de que Valladares renunció a distintos cargos administrativos: “Opté por encerrarme en mi oficina y evitar todo conflicto, porque siempre tuve claro que, por el nivel de contactos que estas personas tenían –el padre de Zolezzi era amigo del ex rector de aquel plantel-, yo era el hilo más delgado en el problema. Solo me preocupé de hacer muchas clases, dirigir tesis, publicar artículos científicos, porque mi único capital para permanecer en la institución era mi trabajo”, explica.

Pero el acoso no paró ahí: tras asistir a una reunión en la que apenas habló, porque se retiró temprano para atender a su hijo enfermo, Pablo Valladares fue acusado de haber incitado a los alumnos de Pedagogía en Biología a manifestarse en contra de la acreditación de esta carrera.

Una de las cartas en la que lo acusaban provenía del Centro de Innovación y Desarrollo Docente (CIDD) y había sido escrita por una persona que ni siquiera había participado en su mesa de trabajo. Poco después, otro trabajador del CIDD, Andrés Fuenzalida, “denunció en una carta a Contraloría, que el Comité de Carrera lo había presionado para escribir una carta en mi contra, a lo que él se opuso. Debido a esa negación, comenzó a sufrir hostigamientos en lo laboral, por lo que tomó la decisión de irse de la Universidad”, agrega Valladares.

Universidad de Tarapacá

Universidad de Tarapacá

Aunque el biólogo habló con decanatura, no se hizo nada y como supuestamente había afectado negativamente la acreditación de la carrera, “me impidieron hacer clases y dirigir tesis, situación de la que me enteré cuando un alumno me solicitó dirigir su seminario de titulación, pero su proyecto fue rechazado hasta que no cambiara de guía de tesis”, explica.

Finalmente, le solicitaron que dejara la tesis del alumno, “porque de lo contrario Zolezzi renunciaría a la jefatura de carrera y se perdería la acreditación. Accedí, no sin antes de consultarlo con el alumno y dando aviso de que acudiría a tribunales”.

Su primera demanda, gracias a los esfuerzos del abogado Marco Antonio Quevedo, terminó con una conciliación judicial, la cual fue firmada en octubre del 2015. Esta contemplaba que “no habría limitaciones para mi desempeño académico, ni en clases ni en dirección de tesis, y que la universidad debía reincorporarme de manera inmediata todas las actividades académicas”, agrega.

Pero la primera reacción desde el plantel, fue de resistencia: no querían dejarlo dirigir la tesis de un alumno, intentaron levantarle cargos por falta a la probidad administrativa e intentaron echarlo renovando su contrato sólo por seis meses. Pero una segunda demanda ratificó la decisión, condenando a la Universidad de Tarapacá por “Vulneración de los Derechos Fundamentales”.

Hoy, este plantel está inhabilitado en ChileProveedores, debió pagarle una indemnización y los costes judiciales y además, deberá realizar un taller de Derecho Laboral. Un triunfo histórico para otros académicos que han sufrido lo mismo que Valladares.

Vencer el miedo

Durante el proceso judicial de Valladares, “hubo colegas que me felicitaron públicamente, otros en privado, pero en general observé mucha indiferencia, incluso un cierto rechazo de una minoría de académicos. Creo que se debe a la forma de ver la Universidad. La mayoría de las personas que me vulneraron creían que los tribunales de justicia no tenían que involucrarse en las instituciones públicas, y menos tener que responder ante la inspección del trabajo”, detalla.

“Algunos colegas tomaron esto para la risa, diciendo incluso que con la demanda no había logrado nada, ya que no habían echado a nadie de la Universidad producto de la condena”. Pero lo que más le preocupa, es que no se pronunciaron desde la Asociación de Funcionarios Académicos de la UTA. Su actual presidente, Emilio Fernández Canque, fue uno de los académicos que vulneró sus derechos y aun así, no ha sido inhabilitado en esta asociación.

Ante casos de hostigamiento en otras universidades de Chile, su mensaje es claro: “Quienes hacemos Universidad somos los estudiantes y los académicos, somos los que estamos en la trinchera. Por lo tanto, lo primero es perder el miedo, porque funcionarios temerosos son fáciles de vulnerar”.

Valladares explica que “en nuestra cultura post Dictadura, el que reclama o alega es conflictivo. Es decir, es mejor no hablar, no dar opinión, hundirse en el escritorio y decirle que sí a todo y a todos, de esa forma eres un funcionario ejemplar que recibe premios. Pero no: en las universidades tenemos el deber moral y ético de dar nuestra opinión, porque la formación académica nos enseña a pensar y ser críticos”.

El biólogo tiene claro que a muchos académicos no les gusta enfrascarse en este tipo de demandas “por el miedo, todos temen perder su fuente laboral”, así que su consejo es “guardar y ordenar todos los documentos que tengan relación y acudir a abogados especializados”, aunque él agrega que “la mejor defensa que un académico puede tener ante este tipo de situaciones es una excelente productividad académica”.

Hoy, Valladares ejerce la docencia con tranquilidad: “Cesaron todos los eventos vulneratorios en mi contra y he podido trabajar tranquilo, han generado las condiciones para que pueda hacer mis labores aún más eficientemente”, concluye.

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