Vivir la emergencia sanitaria siendo migrante en Concepción

Ataques y discriminaciones contra la población migrante de Chile se han tomado los medios de comunicación e incluso, el discurso de las autoridades, en medio de la pandemia. Conversamos con migrantes de Venezuela y Haití que hoy viven en Concepción, además de organizaciones sociales y una abogada especializada en este tema, quienes revelaron las dificultades que enfrentan y la falta de una política de Estado integral que las aborde. Hacinamiento, despidos, desalojos, barrera idiomática, discriminación y problemas para regular su situación migratoria son algunos de los temas que surgieron.

Las imágenes de un guardia pateando a un ciudadano haitiano que intentaba cobrar su seguro de cesantía, presuntamente por incumplir la cuarentena, lo cual fue desmentido posteriormente; las cámaras de prácticamente todos los canales de televisión metidas en un cité de Quilicura, luego de que las autoridades de esta comuna divulgaran que ciudadanos haitianos que vivían ahí estaban afectados por un brote del virus; los carteles de “chinos, fuera de Villa Alemana” lanzados por esta ciudad. “Una oleada racista”: así califican distintas organizaciones sociales lo que hemos estado viviendo durante las últimas semanas.

Captura de Mega

La mayoría de estos casos ocurrieron en la zona centro del país, donde la población migrante es quizá mayor. Lo que no quita que también vivan en otros sectores del país y que puedan estar sufriendo discriminaciones similares. Debido a lo invisibilizada que se encuentra esta situación, es que conversamos con distintas organizaciones migrantes de la zona, además de personas provenientes de Venezuela y Haití que hoy convirtieron a Concepción en su hogar. Desempleo, desalojos forzados, falta de redes, discriminación y barrera idiomática fueron algunos de los temas que más se repitieron.

No hay vuelta atrás

Hace poco más de un año, Karennys Farfán llegó desde Venezuela junto a sus dos hijos, Victoria (9) y Jeremy (3), con un pasaje que le pagó el padre de ellos, en búsqueda de un mejor acceso a la salud para su hijo menor: “Él padece microcefalia; se le asocia a una condición de parálisis cerebral y sufre ataques de epilepsia. Llegué buscando una mejor atención para él, porque mi país no contaba con los especialistas; no había terapia, rehabilitación ni nada”, me explica por audio de WhatsApp, mientras, de fondo, escucho a Jeremy entre murmurando y exigiendo su atención.

En una primera instancia, el padre de los niños la apoyaba con el pago del arriendo, hasta que, de pronto, comenzó a generar problemas. “Me dijo que ya era hora de que saliera a trabajar y yo le expliqué que no podía hacerlo, porque a Jeremy lo ven mensualmente dos a tres especialistas y además vamos a la Teletón dos a tres veces por semana”, relata.

Karennys y sus hijos. Foto cedida.

Farfán intentó dividir el cuidado de su hijo y también ir a una mediación. Pero, “un par de días después de que lo llamaron –desde Tribunales de Familia-, me mandó un mensaje y me dijo que denunciara donde quisiera, porque él ya se había ido del país. Me dejó sola en Chile, varada con sus dos hijos. No tuvo compasión”.

Intentó salir adelante vendiendo maquillaje por catálogo y saliendo a comercializar “lo que sea a la calle, para pagar el arriendo. Café, agua, jugos, empanadas. Pero por la problemática que está pasando a nivel mundial, ya no puedo hacer lo mismo”, agrega. Desde entonces, ha acudido a varios lugares pidiendo ayuda, como la municipalidad e Intendencia. También, un día escribió un mensaje en WhatsApp contando su situación, el cual se volvió viral, lo cual conllevó a que algunas personas se acercaran con pequeñas donaciones, como un paquete de pañales, leche o comida. Agradece todos los aportes, aunque sabe que sigue en una situación vulnerable.

“Todo esto ha sido bastante difícil, porque soy sola y no puedo trabajar algo a horario completo, porque debo cuidar a mi hijo. Pero, a pesar de todo, no está en mi visión volver a Venezuela, porque está en peor situación, y lo sé porque tengo a toda mi familia allá. No existen médicos, terapeutas, pañales, leche ni nada. Por eso decidí quedarme acá y salir adelante”, puntualiza.

Otro compatriota que tiene claro que no regresaría, es Tarvizio Mancini. Hace dos años que este venezolano decidió emigrar junto a su esposa, Gledys Andara, desde Barquisimeto, Venezuela, una ciudad que queda a casi 8 mil kilómetros de su actual hogar: “La escasez y alto valor de alimentos, la inflación, falta de medicinas, represión, dictadura y falta de servicios básicos como agua y electricidad nos obligaron a tomar la decisión de irnos”, relata. Tras evaluar su presupuesto y contactar a unos tíos de Gledys, optaron por el sur de Chile.

Se calcula que más de 3 millones de venezolanos y venezolanas han salido del país por su crisis. Imagen de contexto.

Debieron realizar el viaje por vía terrestre y, tras 11 días, lograron llegar a Concepción a salvo, a pesar de todos los peligros que conllevaba la travesía. “Gracias a Dios que esta familia nos recibió y nos tendió su ayuda para empezar a abrirnos paso en este país. De corazón, ser migrante no es nada fácil, entre sentimientos, desconcierto, economía y desconocimiento”, afirma Tarvizio.

Hoy, la familia que los acogió vive en Osorno y Tarvizio y Gledys permanecen en Concepción, donde ya sienten que comenzaron una nueva vida, entre el nuevo trabajo de Tarvizio en una pequeña empresa publicitaria cercana a su casa y el nacimiento de su bebé, quien ya tiene 11 meses. “Yo dejé dos hijos en Venezuela, frutos de mi primer matrimonio. No es nada, pero nada fácil separarse de mis hijos, pero estando aquí es que puedo aportar económicamente para sus necesidades”, explica.

Aunque Mancini ha logrado establecerse laboralmente, su esposa ha enfrentado más problemas tras su embarazo: “Después del postnatal, ella renuncio a su antiguo empleo para buscar un horario más flexible, el cual encontró. Pero al empezar la emergencia sanitaria, debió renunciar para cuidar a nuestra hija, ya que el sistema escolar fue suspendido y no teníamos quien cuidara a la bebé. Esto para nosotros no es fácil, ya que como sabrá, un solo salario no permite hacer mucho: debemos pagar arriendo, servicios, alimentación y enviar ayuda a nuestras familias en Venezuela, donde la situación está muy crítica desde la llegada del virus”, detalla.

Tarvizio afirma que quien más ha sufrido discriminación ha sido su esposa, en su primer trabajo y durante el embarazo. Imagen de contexto.

La suspensión de servicios también ha significado que su pequeña hija no ha podido tener controles normales en CESFAM o con pediatra particular. Además, “mi esposa no quedó seleccionada para el bono COVID-19 y tampoco ha podido cobrar su seguro de cesantía, por un problema con los documentos de su ultimo empleador; se introdujo un reclamo en la AFC y estamos esperando respuesta del mismo”

Al conversar sobre la discriminación hacia los migrantes, Tarvizio afirma que lo ha visto más hacia su esposa, Gledys, “sobre todo en su primer empleo y también, durante su embarazo”. Hoy, ven con preocupación noticias en la televisión sobre venezolanos y venezolanas siendo desalojados por no tener con qué pagar el arriendo.

Una cobertura mediática racista

No solo Tarvizio y su esposa miran con espanto las noticias que muestra la televisión, donde se visualiza cómo la población migrante es atacada, discriminada, despojada de servicios básicos y desalojada. Lo mismo me expresa entre emoticones de WhatsApp la ciudadana haitiana, Jesula Liberista. Cuando la contacto, me saluda muy feliz por audio, pero me pide que espere a que llegue su esposo para contestarme la entrevista, dado que él la suele ayudar. Me quedo pensando con qué, hasta que me doy cuenta de que se refiere a asistencia con el español.

Entre reenvíos de mensajes de su esposo, logra contarme que llegó desde Haití en octubre del 2018, en búsqueda de mejores oportunidades y, debido a un contrato de trabajo que le surgió, decidió asentarse en Concepción. Afirma que la pandemia ha impactado directamente en su vida laboral, generándoles problemas económicos. Antes, “cuidaba un niño en una casa familiar”, pero ahora, es complejo realizar este tipo de trabajos, debido a la emergencia sanitaria.

Declara que se ha sentido “un poco discriminada” y que teme que con el coronavirus aumente la discriminación contra ella y sus compatriotas. “Veo en las noticias que están dando que le pegaron una patada a un haitiano afectado por coronavirus. No está seguro en las calles por el coronavirus, está peligroso. Me da miedo”, puntualiza.

Captura de CHV

Otro ciudadano haitiano viviendo en Concepción es Ernest Noel, quien trabaja como facilitador intercultural en el CESFAM Tucapel. Cuando le pregunto por su opinión por los casos de discriminación en las noticias, me dice que prefiere no opinar, aunque al rato me declara que sí se ha sentido afectado junto a su familia y comunidad, “porque estamos viviendo en un país que es campeón en la discriminación”.

Noel lleva dos años y medio en Chile y se dedica a generar la conexión entre profesionales de la salud y pacientes haitianos que no hablan el idioma, además de apoyar en el trabajo administrativo. “Gracias a Dios, el COVID-19 no me afecta laboralmente, pero afecta algunos de mis compatriotas en esta área y también psicológicamente, por la incertidumbre. Si se infectan, no saben si van a encontrar atención sin discriminación”, me explica. Afirma que le preocupa que esta emergencia conlleve a una crisis económica “que nos va a afectar mucho como extranjeros”, puntualiza.

El miedo, rabia e incertidumbre que sienten al enterarse de ataques, desalojos y discriminaciones no es menor. Hoy, activistas antirracistas denunciaron públicamente en un video y comunicado “el espectáculo mediático y la persecución racista que están realizando los medios de comunicación hegemónicos en Chile”, al mostrar a personas de Haití como responsables de la propagación del virus.

Captura del video de la denuncia colectiva.

Entre los casos de discriminación anteriormente ya mencionados, también añaden al Diario La Segunda, el cual “publicó una noticia –sobre el coronavirus- en la cual se pone como protagonista a una mujer negra con mascarilla junto a su hijo […] ¿han publicado portadas de gente blanca y rubia con mascarillas bajo ese titular?” Con esto, distintas activistas y colectivas antirracistas denuncian la estigmatización de la población afrodescendiente, dado que portadas como esta “afianzan en el imaginario social, que las personas blancas y rubias no portan enfermedades, son más responsables y entienden las reglas. Motivo por el cual sí pueden estar en cualquier publicidad de ropa, dental, escolar, clínica, etcétera, pero nunca son los que infringen la legislación”.

El Colegio de Periodista de Chile denunció públicamente que se cometía discriminación con esta portada.

Además, denuncian la ausencia de una política sanitaria de prevención o acceso al sistema de salud clara y adaptada a esta población y una política migratoria restrictiva que impacta en los derechos de afrodescendientes –entre otros migrantes-, por lo que invitan a firmar su denuncia colectiva.

¿Y cómo ayudar? Organizándose a nivel local

En Concepción, también existen organizaciones de apoyo a migrantes y antirracistas generando ayudas y denunciando discriminaciones, como es el caso de la Unión de Migrantes y Desarrollo Humano (Umidehu), presidida por Negfrecttis Millan. Ella tiene claro que, si bien la pandemia ha puesto en jaque los trabajos y la salud física y mental de millones de personas en todo el mundo, la situación puede ser mucho más delicada si la persona es migrante:

“Mucha gente ha sido despedida y ha quedado en el limbo; muchos tienen miedo de ser desalojados. Desde el año pasado que estamos viviendo momentos sociales y de salud críticos y seas migrante o no, nos afecta a todos; pero también, el ser migrante te vuelve más vulnerable, especialmente si no tienes una red de contactos o de apoyo”, detalla.

Negfrecttis -tercera de izquierda a derecha- de Umidehu junto a otras ONGs aliadas.

Entre los problemas que más han detectado entre la comunidad, es “el no tener cómo pagar un arriendo o habitación. Y para estos casos es que como ONG nos encontramos recogiendo ayuda a través de una campaña de donaciones”, agrega, a la cual se puede aportar a través de este formulario.

Otro problema detectado a nivel local, “es el estancamiento de procesos de documentación, situación que arrastramos desde el estallido social –cuando Extranjería sufrió daños tras un incendio-. Si bien, a muchas personas se les extendió la vigencia de su cédula de identidad, aquellas que realizaron solicitudes de visa el año pasado están a la deriva, sin respuesta y sin poder hacer mucho. Y sin documentación debida, da a lugar la explotación de los y las trabajadores/as y quienes siempre pierden más en esta situación es la comunidad haitiana”, puntualiza.

Imagen de contexto.

Otra organización que también está realizando una campaña de ayuda, es el Grupo de Acogida al Migrante (GAM Concepción). Su presidenta, Juanita Orellana, cuenta que el GAM funciona desde el 2016 de manera autogestionada y que comenzó como un espacio donde se impartían charlas educativas, apuntando especialmente a migrantes ecuatorianos/as en Concepción de la etnia otavaleña; esta comunidad indígena ecuatoriana basa su actividad económica en el comercio informal, la cual es parte de su tradición y cultura, al igual que el emigrar; lamentablemente, en medio de la pandemia, se les ha hecho difícil vender sus productos y a esto se suman otros problemas y precariedades que arrastraban desde antes.

Desde el 2016 que el Grupo de Acogida al Migrante trabaja principalmente con familias ecuatorianas radicadas en Concepción. Imagen cedida.

“Tras un levantamiento de información en la zona macrosur, nos dimos cuenta de que hubo un aumento de despidos y de desalojos de sus hogares, lo cual los obliga muchas veces a refugiarse en cercanos, generando más problemas de hacinamiento. Incluso, mientras levantábamos la información, tuvimos problemas contactando a las familias, dado que suelen tener un solo celular que se comparte y que debe ser dejado en puntos específicos para lograr acceder a alguna red de Internet”, explica.

En el caso particular de la comunidad otavaleña en Concepción, “sabemos que están bien, pero están pasando necesidades, porque su fuente de trabajo es el comercio informal. En días anteriores, no andaba nadie, tuvieron que reducir su jornada, intentaron vender otros productos como mascarillas, pero la competencia era muy complicada. Nos decían ‘si igual nos alcanza para la comidita’. Pero cuando les dijimos lo de la campaña y consultamos qué era más urgente, ahí se fueron soltando un poquito más y contando su situación. El tema educacional igual ha sido complejo, porque hay poca alfabetización digital -y no digital- en los padres, lo cual influye en sus hijos e hijas”.

Otra imagen cedida de las actividades que realizaba el GAM.

De hecho, durante 2017, esta organización realizó un acompañamiento pedagógico a niños y niñas migrantes: “Nos dimos cuenta de que al interior de las familias existían muchos problemas: el hacinamiento, el tiempo que pasaban niños y niñas solos, la baja escolaridad de sus padres y la sobreexplotación a la que se sometían sus padres para poder tener ingresos”.

Estos días, han estado realizando una colecta de alimentos y otros artículos de primera necesidad. Además, han estado recibiendo aportes monetarios. Todo lo que han logrado reunir, lo han salido a entregar a las familias, tomando todos los resguardos.

Un Estado discriminador

Para la abogada e integrante de ONG Amaranta, Marjorie Dinamarca, todo lo anteriormente expuesto es resultado de un Estado que no se está responsabilizando de una realidad intercultural que existe desde hace años y que permite o impide el acceso a derechos según los papeles de cada persona.

“Es fundamental distinguir a los migrantes regulares y los irregulares al hablar de acceso a derechos, porque, probablemente, una persona migrante con visa vigente tiene número de RUT y eso le permite el acceso al sistema de protección social chileno. Muy diferente a la situación de una persona irregular, que, en teoría, no tiene acceso”, detalla la especialista. Si bien, durante el gobierno de Michelle Bachelet se emitieron algunos decretos que garantizaban el acceso a la salud de personas migrantes –sin importar su visa- en caso de urgencias, lamentablemente los siguientes gobiernos deciden si ‘lo toman o lo dejan’, siendo que “el Estado debería garantizar el acceso a la salud en todos los casos”, agrega.

Marjorie Dinamarca se especializa en DDHH y migración.

Y no se trata solo del área de la salud: en Chile, el no contar con documentación (cédula o visa), hace que las personas no puedan acceder a ningún derecho. “Se les dificulta el acceso a la salud, vivienda, trabajo, etc. Porque cualquier persona que quiera firmar un contrato en Chile (de trabajo o arriendo) necesita un RUT. Entonces, sin eso, es muy difícil que puedan acceder a condiciones de trabajo dignas o legales o que puedan exigir cotizaciones, el horario de trabajo y la remuneración pactada. Y como las personas tienen que trabajar igual, realizan empleos informales, más precarizados, exponiéndose a una serie de vulneraciones, por ser migrantes e irregular”.

Dinamarca hace hincapié en que “si una persona no puede acceder a sus derechos por no tener un documento vigente, significa que el Estado les está discriminando. Existen contradicciones tremendas, donde el Estado te dice que no puedes a un trabajo si no tienes RUT, pero la persona va a Extranjería y le dicen que para tener un RUT necesitan un trabajo, porque ‘¿cómo te vas a mantener en Chile?’. No hay cómo resolver esa lógica”.

Aunque las vulneraciones y explotaciones en el ámbito laboral son fiscalizadas por la Dirección del Trabajo, la abogada siente que es insuficiente. “Se sabe que en el campo trabajan muchas personas haitianas en pésimas condiciones de vida, sin lugar donde descansar y horarios interminables, donde a los empleadores se les olvida que también son personas y no se les trata como tales. Siento que no hay una preocupación por la situación y a veces se siente que el Estado lo prefiere así, porque así estas personas reciben menos sueldos, tienen menos derechos y no pueden organizarse”.

Imagen de contexto

Hoy, ve con vergüenza la cobertura racista que se le ha dado a distintos casos, como lo ocurrido en el cité de Quilicura. “Me parece grave que se asocie a las personas haitianas o personas migrantes con el coronavirus. No tiene sentido y muestra mucha ignorancia con respecto a la población haitiana y respecto a cómo se ha transmitido el coronavirus en el mundo. No está demás recordar que el virus no llegó a Chile por un migrante haitiano ni latinoamericano, sino que de personas chilenas que viajaron a Europa”.

Al preguntar a la especialista qué se puede hacer en esta situación, es enfática al declarar que “en contexto de pandemia, de crisis, donde todos tienen las fronteras cerradas, Chile, además de aplicar toda la normativa con perspectiva de derechos humanos, también debiera aplicar una cuota de solidaridad. Tanto por parte del Estado, como por parte del pueblo. Hay personas de otras nacionalidades que viven hace muchísimos años en Chile, como pasa con la misma población proveniente de China y no podemos seguir apartándolos o haciendo como que no existen. Hay que comenzar a construir una sociedad más intercultural y donde los derechos estén garantizados para todas las personas sin distinción de ningún tipo”, es su conclusión.

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