Un análisis rápido y sencillo de las noticias publicadas en Chile durante las últimas dos semanas revela que una parte importante del debate público sobre ciencia y tecnología gira en torno a la Ley de Presupuestos para el año 2021. El debate presupuestario parece tener dos aristas, las mismas de toda la vida, vinculadas a la cantidad del presupuesto y a la relevancia estratégica del desarrollo científico y tecnológico en el país. Por una parte, se está negociando si los recursos van a aumentar o disminuir. Y, por otra, se negocia qué porcentajes de la inversión se van a poner en marcha en el corto y en el largo plazo.
En este escenario, como Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado (ANIP) decidimos publicar la I Encuesta de Condiciones Laborales de Investigadoras e Investigadores Chilenos. En esta encuesta le preguntamos a más de 1400 investigadores e investigadoras cuáles eran las diez condiciones laborales que identificaban como prioritarias (por esta razón nos referimos a este trabajo coloquialmente como el “decálogo de la investigación”). Los resultados arrojaron que la primera prioridad de los participantes es contar con un sueldo acorde a la dedicación horaria efectiva en tareas de investigación, la segunda es contar con una relación contractual clara y explícita con el empleador, y la tercera es contar con un espacio adecuado para trabajar.
Creemos que un trabajo de esta naturaleza puede llegar a ser extremadamente útil para dar una vuelta de tuerca y, a la vez, enriquecer el debate actual sobre presupuesto. En efecto, estamos convencidos de que el decálogo de la investigación nos permite incorporar a la discusión ciertas voces que tras años de lucha aún no han sido escuchadas, las voces de todos los investigadores y todas las investigadoras que están en los márgenes y trabajan en condiciones precarias. Ante esto, vale la pena preguntarse, ¿cuántas veces, y hasta qué punto, estas voces han aparecido en la discusión de las políticas públicas o en el debate presupuestario actual?
Siguiendo esta lógica, la publicación del decálogo de la investigación es una provocación y un argumento para que sea cual sea el monto final que se invierta en la cartera de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y sea cual sea el porcentaje que se decida destinar ahora o en el futuro a esta cartera, se tengan en cuenta las prioridades que tienen todas aquellas personas que dedican su tiempo a trabajar en tareas de investigación. La pregunta, entonces, tendría que formularse así: ¿en qué grado cambiarán las condiciones laborales de quienes trabajan en esta área como consecuencia de la mayor o menor inversión en la cartera, o de una estrategia a menor o mayor plazo?
Que en medio de una terrible emergencia sanitaria, y a un año del estallido social que evidenció la exclusión sistemática y la invisibilización de la mayoría de las chilenas y chilenos, el debate todavía siga sin incluir las necesidades y las demandas reales que tienen los trabajadores y las trabajadoras en el campo de la investigación en ciencias, tecnología, humanidades y arte, debería hacernos sentir, como mínimo, un cierto grado de incomodidad. ¿Por qué no, entonces, incluirlos y mejorar la calidad del debate?
Desde ANIP, estamos convencidos de que la dignidad es para todas y todos, y eso incluye por supuesto a todas las personas que dedican su tiempo a la investigación o a formarse en investigación. Por más de 10 años hemos luchado incansablemente por convencer a la opinión pública y a los gobiernos de turno de que investigar es trabajar y que no podemos seguir adelante con la precarización de quienes componen el sistema de producción y desarrollo del conocimiento. Si no logramos hablar de esto ahora que hablamos de presupuestos, y ahora que Chile cambió, entonces ¿cuándo?
Jaime Fauré, Socio y colaborador ANIP
Juan José Berger, Presidente ANIP
Iskra Signore, Vicepresidenta ANIP
José Manuel Jiménez, Secretario ANIP
María José Gallardo, Tesorera ANIP
Cristian Undurraga, Director ANIP
Nolberto Zúñiga, Director ANIP