A raíz de todos los cuestionamientos que se han hecho a la Reforma de Educación Superior, el pasado 13 de julio se llevó a cabo una Jornada Triestamental en la Universidad de Concepción para discutir las fortalezas y falencias de este proyecto de ley.
Fue en este escenario que la Asociación de Académicos y Académicas y UdeC100 presentaron su análisis y propuestas a los asistentes, señalando que el proyecto de Reforma a la Educación Superior está definido en base a tres ejes conceptuales: calidad, equidad e inclusión y pertinencia de la Educación Superior.
“El primer punto que llama la atención, es que se define que la educación superior chilena como un sistema mixto en el cual co-existen instituciones estatales y privadas. En el proyecto de ley no hay alusión alguna a figuras como instituciones “privadas-tradicionales” o “públicas no-estatales”. Tampoco se hace mención al G9. Este hecho obligará a la UdeC a definirse sin ambigüedades en cuanto a su ser público, marcando diferencias significativas con universidades privadas”, explican.
Ambas organizaciones coincidieron en que el proyecto de Ley “no apunta al fondo de los problemas estructurales de la educación superior, lo cual es un tema central que debe trabajarse para formular una contrapropuesta como comunidad universitaria”, como declaró el presidente de la Asociación de Académicos, Dr. Marcelo González, durante la presentación.
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También concluyeron que se mantienen los mecanismos de lucro a partir de fondos públicos, como el Crédito con Aval del Estado (CAE). Además, el concepto de “autonomía” abre espacio a otros fines en IES privadas.
Otro artículo que fue recogido durante la presentación, es aquel alude a las obligaciones de las leyes a las que se someterán las universidades estatales:
“Artículo 154.- Los estatutos de las universidades estatales deberán considerar al menos un órgano colegiado de carácter normativo, distinto del Consejo Directivo, cuya principal función será la regulación de las materias relativas al desarrollo de las funciones propias de la universidad, en particular aquellas académicas, así como también elaborar y proponer al Rector o Rectora el plan de desarrollo institucional”.
Lo importante de esto, es que dicho órgano deberá contemplar la participación con derecho a voz y voto de todos los estamentos de la universidad, asegurando la representación de los miembros del estamento académico en dos tercios.
A raíz de esto, “pensamos que nuestra institución debiera realizar un proceso de homologación con las universidades estatales, asumiendo los deberes y recibiendo las garantías que se definirán por ley para tales instituciones”, explica el Dr. González.
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La ministra de Educación, Adriana Delpiano, ya había hecho un guiño a esta situación, declarando a través de La Tercera que la “Universidad Austral, Santa María y de Concepción podrían ser estatales”.
“El Estado no es su dueño, pero son universidades públicas creadas y reconocidas por ley: la Universidad Austral, la U. de Concepción y la U. Federico Santa María. Si estos planteles públicos no estatales decidieran aceptar a tres o cuatro representantes de la Presidenta de la República y a comprometerse a cumplir con tener la gobernanza que establece la ley para las estatales, bienvenidas sean porque son pluralistas y laicas”, fue su declaración.
Una invitación que ha generado todo un debate a lo largo de la universidad y que aún se encuentra en discusión entre el resto de los académicos, pero también, un recurso que debería tenerse en cuenta para acceder a una universidad mucho más democrática.