“La situación para las mujeres en la Udec es desfavorable”: Hablan tres expertas sobre la falta de políticas de género en la institución

Por Cecilia Ananías Soto.

La Universidad de Concepción ha sido reconocida por la Fundación Chile Unido como una de las cinco mejores organizaciones para trabajar en Chile. Becas de estudios técnicos o universitarios para hijos y cónyuges de los trabajadores, sala cuna dentro del campus y convenios de salud son algunas de sus bondades. ¿Pero son suficientes estas medidas para mantener un buen ambiente laboral, especialmente para las mujeres?

Las denuncias interpuestas en 2015 parecen poner en entredicho esto. Primero, un profesor de Periodismo, Héctor Alarcón Manzano, fue acusado por dichos machistas y malos tratos a varias alumnas de esta carrera; tras múltiples denuncias a medios de comunicación y movilizaciones, el académico fue sometido a un sumario interno del que nunca se supo su resultado y finalmente, se acogió a jubilación sin sanciones.

Algo similar ocurrió cuando se descubrió una cámara de video en el baño que utilizaban las secretarias de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos, en el cuarto piso de este edificio. En un principio, se intentó minimizar el tema y no fue hasta que se filtró a los medios, que se decidió denunciar a la Policía de Investigaciones y abrir un sumario interno. Nunca se supo el resultado de este sumario de manera pública y este trabajador, quien ni siquiera fue identificado en los comunicados enviados a los medios de comunicación, finalmente renunció.

Los hechos ocurren en una institución educativa en la que prácticamente no existen autoridades femeninas, en la que no parece haber una política transversal de género y donde la única mujer que ha asumido el cargo de vicerrectora, la Dra. Jacqueline Sepúlveda, fue reemplazada antes de cumplir un año en esta posición. Ante esto, cabe preguntarse, ¿necesita la Universidad de Concepción cambiar sus políticas internas para garantizar la protección e igualdad a sus académicas, trabajadoras, administrativas y alumnas?

“Chao Alarcón”

Fue a mediados de junio del 2015, que estalló en los medios de comunicación un problema que se arrastraba desde hacía años en la carrera de Periodismo. Entre movilizaciones y consignas, los estudiantes exigieron someter a sumario y el despido del profesor Héctor Alarcón Manzano, por tratos vejatorios y dichos machistas.

“Más fácil que pegarle a una mujer”, fueron las palabras con las que el docente calificó un certamen y que se convirtieron en la consigna de los jóvenes que pedían su salida. Él intentó defenderse diciendo que había pronunciado estas palabras a “cinco estudiantes colombianos, a los que les explique que este es un dicho del sur”. Pero en medio del proceso, surgieron nuevas denuncias de tratos vejatorios de alumnas y otras periodistas egresadas, las cuales incluso fueron interpuestas al Servicio Nacional de la Mujer.

Tras meses de protestas, el académico sólo fue sometido a un sumario interno del que nunca se supo el resultado de manera pública y finalmente, jubiló sin sanciones. Para Carla Donoso Orellana, antropóloga especialista en Género y Sexualidad, lo más grave fue no enfrentar el caso inmediatamente.

“La política del avestruz no funciona. No sirve hacer como que nada está pasando ni pretender que no es serio o que se diluirá solo. Eso sólo logra agravar las cosas y dejar que lleguen a puntos que no deben llegar”, explica.

Esta académica, quien cursa un doctorado en la Universidad de Ámsterdam, Holanda, cree que la falta de instancias institucionales llevó a que las víctimas se expusieran públicamente: “No puede ser que para que te escuchen tengas que funar a un profesor o salir en un medio de comunicación dando declaraciones, mostrando tu cara, porque estas situaciones son íntimas, confidenciales y requieren de un cuidado de la privacidad de esa persona”.

La Doctora en Estudios Americanos y especialista en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, Alejandra Brito Peña, tiene una opinión similar. “Como no había un protocolo de universidad, la decanatura actuó en un primer momento tratando de proteger al implicado, intentaron minimizar el tema y tardó demasiado la petición de sumario. Fue un caso grave porque existían las evidencias suficientes para darle credibilidad a las denuncias”, detalla.

“La universidad tiene una responsabilidad dentro de eso, porque el profesor acusado de prácticas machistas y misóginas era Director de Departamento, por ende, tenía un poder importante dentro de la facultad, por lo que era muy difícil que se manejara el caso de manera interna”, agrega Donoso.

Ante esto, la Doctora en Sociología, Beatriz Cid Aguayo cree que es necesario “que la universidad funcione como institución con los protocolos claros, con un sistema de sumarios transparentes y que estos se lleven a cabo inmediatamente, en vez de quedar a criterio de decanato. Y que también haya un espacio de defensoría, o sea, que el acusado tenga derecho a legítima defensa”.

Pero a pesar de todo el revuelo que levantó este caso, no han existido instancias para determinar estos protocolos y pocos meses después, volvió a ocurrir otro caso, aún más grave que el anterior.

El caso “Cámaras”

En noviembre del 2015, fue descubierta una cámara de video en el cuarto piso de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos, específicamente, en el baño que utilizaban las secretarias del lugar; ellas mismas hallaron el aparato camuflado.

Aunque el mismo vicerrector, Alejandro Santa María, confirmó lo ocurrido a los medios dos meses después, sólo señaló que se tomaron “medidas de carácter psicológico” con las funcionarias y nunca fue revelado el nombre, tipo de contrato y la antigüedad del funcionario en la institución. Sólo se supo que “administraba de forma remota la contabilidad del jardín infantil” de la institución.

Tal como ocurrió con el caso “Chao Alarcón”, nunca se comunicó a la comunidad universitaria el resultado de su sumario interno o si existió alguna sanción de otro organismo. Sólo que este trabajador renunció. Para Donoso, el caso fue “muy raro. La forma en que las autoridades lo manejaron, fue simplemente esconderlo”, detalla.

Aunque desde el Programa de Estudios de Género de la universidad se sacó un comunicado a raíz de lo ocurrido, sorprendentemente, fueron censuradas. Carla Donoso explica que desde Vicerrectoría se les pidió bajarlo de las redes sociales “argumentando que dañábamos la imagen de la universidad y que desinformábamos, porque no teníamos todos los antecedentes respecto al tema”, relata.
“Nuevamente la solución fue minimizar el tema, la persona no fue sancionada, sino que simplemente renunció. Este tipo de sucesos deberían haber generado una política institucional: pero no, se censuró abiertamente a algunos organismos de la universidad que condenaron estas actitudes. Como que la institución prefiere ponerse una venda frente a los hechos y solucionarlos como casos aislados”, agrega Brito.

Cid cree que “hay un tema de prestigio universitario” obstaculizando el correcto accionar de la institución en estas situaciones. “Lo cual es un malentendido, porque creo que la universidad se prestigia más reaccionando adecuadamente. Si las cosas se ocultan, no tenemos cómo saber las dos partes de la historia”, explica.

Pocas mujeres tomando decisiones

La falta de protocolos claros ante casos de machismo y acoso no es el único problema que estas expertas identifican en la Universidad de Concepción. La antropóloga, Carla Donoso, llevó a cabo una pequeña investigación exploratoria en las facultades de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias Naturales y Oceanográficas, Agronomía, Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas y Farmacia. Este estudio reveló que “el 29% de la planta académica son mujeres”.

La misma brecha se repite en cuanto a las jerarquías: en estas facultades, sólo el 16% de las mujeres tienen cargos titulares, un 25% trabaja como asociadas y el 40% como asistentes. Si bien estas cifras deberían variar si se sumaran facultades más feminizadas como Humanidades, Educación y Ciencias de la Salud, hablan de una realidad dispar en las ciencias duras.

“Los profesores jefes por lo general son hombres, mientras que al final de la escala, donde están los profesores adjuntos, colaboradores y asistentes, imperan las mujeres. Esto también ocurre en cargos directivos: el 2014, hubo por primera vez una Vicerrectora en la UDEC y duró un año, ni siquiera alcanzó a completar su periodo”, detalla.

“Creo que tiene mucho que ver con esta lógica productivista. ¿Quiénes pueden asumir las pegas directivas? Personas que tienen los hijos ya crecidos u hombres. Si tienen hijos pequeños, es difícil que puedan asumir estas labores. Es necesario incluir esta cuestión social para poder aumentar la representatividad”, explica Cid.

“Mujeres con capacidad de gestión en esta universidad existen muchas. Pero no existen mecanismos que faciliten su ingreso a cargos de decisión. La salida de la Vicerrectora en menos de un año demostró que no existe confianza de las autoridades en las mujeres”, agrega Brito.

La Doctorada en Estudios Americanos también cree que muchas mujeres se auto excluyen, porque existen estructuras que lo dificultan. Por ejemplo, el hecho de que muchas decisiones se tomen en espacios informales fuertemente masculinizados. “Cuando tú llegas a una reunión crees ingenuamente que se va a discutir ahí para tomar una decisión, pero por lo general llegan con las cosas más o menos ‘cocinadas’, ya que las decisiones se tomaron antes “, explica.

Brito concluye que para las mujeres “es muy difícil acceder a un puesto de poder porque significa tener disponibilidad 24/7 y si tienes familia, hijos, un mundo afuera, no estás dispuesta a renunciar a eso”.

Cid tiene claro que la Universidad de Concepción cumple con la ley con beneficios como una sala cuna en el campus. “Existe una agenda de género que la Udec la cumple y lo hace bien. Pero ha sido trabajado desde la definición clásica, desde los derechos reproductivos. Su agenda apunta a las madres”, explica.

Para Donoso, el panorama está claro: “La situación para las mujeres en la UDEC es desfavorable y va a seguir siendo así mientras no haya una política de género, porque esos cambios no se dan por sí solos. Tiene que haber una institución impulsando la equidad de género, para cerrar estas diferencias, o sino continúan o tienden a profundizarse”, concluye.