
Por Cecilia Ananías para Académicos/as UdeC
Este miércoles, los Tribunales de Justicia de Concepción rechazaron el recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal Pública y la UdeC, y a la cual se adherió nuestra organización, buscando a liberar a dos jóvenes en prisión preventiva. Se trata de Constanza Valdebenito, alumna de Biología Marina de la Universidad de Concepción y Jazmín Alarcón, estudiante de la Universidad Santo Tomás. Ambas fueron detenidas, golpeadas y aisladas, tras ser acusadas de saqueo. En el caso de Constanza, iba saliendo de un día de trabajo en un laboratorio de la UdeC, cuando fue detenida.
Generalmente, la prisión preventiva se ordena cuando la libertad del imputado o imputada presenta un peligro para la sociedad y/o la investigación; por lo que el principal argumento, presentado en los alegatos del martes, fue que ninguna de las jóvenes constituían un peligro, al no tener antecedentes penales y ser alumnas regulares de sus respectivas instituciones.
Además, se hizo hincapié en las inconsistencias de una de las principales pruebas: un video que revela que el saqueo ocurrió a las 21:18 horas, mientras que Constanza fue detenida a las 21:15 horas y el hecho de que ambas jóvenes sufrieron lesiones durante la detención. Lamentablemente, todos estos argumentos fueron desestimados.
Desde Carabineros, justificaron las lesiones que sufrieron Constanza Valdebenito y Jazmín Alarcón afirmando que fue por “oponerse a la fiscalización”. Mientras que desde Gendarmería, organismo que fue acusado de dejar a las jóvenes en celdas de aislamiento, afirmaron que esto ocurrió por falta infraestructura y al ampliárseles la detención por tres días; además, declararon que intentaron mejorar sus condiciones, proveyendo un colchón, alimentos y una hora de salida al patio.
Finalmente, se afirmó que el juez “fundó adecuadamente su resolución” de dictar la prisión preventiva “ponderando especialmente las circunstancias de la comisión del presunto delito”; es decir, su única justificación es que ocurrió en el contexto de crisis social. El documento del fallo termina invitando a que se impugne la resolución por la vía ordinaria, debido a que existen suficientes pruebas para lograrlo y también indica que se debió haber realizado una apelación y no haber interpuesto un recurso de amparo. Un golpe para las jóvenes, sus familias, docentes y todo el entorno que lucha para que puedan recuperar su libertad.