Violencia policial en manifestaciones estudiantiles: ¿Por qué la justifican los chilenos?

Por Cecilia Ananías.

“Me empezaron a acosar las cuatro carabineras, a acercarse casi escupiéndome, a pegarme en el hombro. Una funcionaria intento sacarme el piercing de la nariz con un cortaúñas y una me tenía agarrada para no moverme. Como no me pudieron sacar el piercing, fue a buscar un alicate y me lo sacó hacia arriba. Me caí, me basureó totalmente y se reían cuando nosotros estábamos desvistiéndonos (…) tras esto se me hinchó la nariz y producto de eso he estado con dolores de cabeza, mareos y vómito”.

El fragmento anterior corresponde al estremecedor testimonio de Constanza Vargas (19), la estudiante del Liceo de Niñas A-33 que fue formalizada por maltrato de obra de Carabineros, el pasado domingo 5 de junio. Su calvario comenzó cuando la desalojaron a tirones de una toma pacífica de este establecimiento; al verse presionada por las uniformadas, intentó soltarse y le pegó un golpe de puño a una funcionaria. Esto le significó ser detenida y llevada hasta el calabozo de la Primera Comisaría de Concepción, donde ocurrieron los tratos vejatorios que relataba.

Constanza reconoció haber dado el golpe, pero declaró en el Juzgado de Garantía que fue sin dolo (sin intención). Aun así, tiene prohibición de acercarse a la funcionaria y se llevará a cabo una investigación que durará por dos meses. Los vejámenes y maltratos que sufrió dentro del calabozo, en cambio, pasaron a segundo plano para la justicia e incluso, apenas han sido mencionados por algunos medios locales.

El mismo día en que quedó detenida, sus compañeras difundieron lo ocurrido en un video de Facebook, el cual ya suma más de 139 mil reproducciones. En este registro, agregaron que a Constanza la habrían denigrado con frases como “lesbiana asquerosa”. Si bien a las jóvenes les llegaron muchos mensajes de apoyo, también recibieron decenas de comentarios llenos de odio a través de las redes sociales: “Vayan a clases, flojas”, “cabras c#liás, más fuerte tendrían que pegarle”, “al que le gusta el leseo que lo aguante”, “en la vida mandan los adultos, no los pendejos” y “eso les pasa por andar en tomas”, son algunas de las críticas que han recibido.

Algo similar ocurrió con el caso de María Paz Cajas, la actriz de 34 años que denunció haber sufrido un aborto, luego de que una funcionaria de Carabineros le propinara una patada en la vagina. A pesar de que ella no participaba en la marcha –sólo intercedió por dos escolares- y tampoco estaba consciente de su embarazo de 5 semanas, también fue víctima de comentarios terribles en las redes sociales: “¿qué tenís’ que andar hueviando con los encapuchados?”, “capaz que sea de las que apoya el aborto”, “tú eres la primera que debe cuidar tu embarazo”, “¿y qué hacías en la marcha?”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Ante eso, cabe preguntarse, ¿por qué la gente tiende a avalar la violencia policial? ¿Y por qué existe una mirada tan crítica de las movilizaciones estudiantiles, al punto de que se les culpabiliza por los episodios de violencia?

Cuando la sociedad permite la violencia

“Lo que el poder hace, es porque la sociedad lo permite”, explica la socióloga y especialista en Género, Dra. Beatriz Cid. La experta afirma que no es menor que la ciudadanía apoye y justifique cada acción policial violenta, ya que “el poder emerge de sentidos comunes, de opiniones sociales comunes, que legitiman su accionar”. Es por esto que “se seguirán escuchando comentarios así, a veces un poco más elegantes o suaves, pero que finalmente, avalan la violencia policial dentro de las manifestaciones”.

Para la vicepresidenta de la FEC, Mónica Sánchez, este fenómeno responde a dos problemáticas propios de un sistema de dominación y explotación: “El Gobierno, a través de los medios de comunicación, ha ido criminalizando la protesta y los distintos métodos de lucha que tienen los estudiantes y otros sectores. Finalmente, eso se reproduce dentro de la misma ciudadanía, que comienza a criminalizar estos actos”. A eso, ella también le suma la violencia estructural de la cual muchas mujeres son víctimas, más aún si pertenecen a una disidencia sexual.

La doctora en Derecho y profesora asociada de la Universidad de Concepción, Amaya Álvez Marín, afirma que aunque la alumna es responsable de la lesión propinada a la uniformada, “me parece que existe una errada percepción del rol del Estado, sus instituciones y en general de las fuerzas policiales. El deber de estas últimas es asegurar la paz social. Por ende, el centro de la preocupación deben ser los ciudadanos y ciudadanas”.

A pesar de que las acciones del movimiento estudiantil son mal vistas, la académica aclara que “la protesta social es un derecho fundamental. Está sujeto a reglas, pero es un derecho que debe ser respetado bajo ciertos márgenes”. Lamentablemente, “no hemos discutido como sociedad cuáles son esos límites, quién es la autoridad política responsable de lo que ocurra y qué procedimientos internos existen para evitarlo e sancionarlo”. Y en medio de la ausencia de este debate, continúan ocurriendo más episodios de agresiones y malos tratos.

Dentro de este caso, para la abogada una cosa es segura: “existe una obligación del Estado de Chile, sus instituciones y funcionarios de regular el uso de la fuerza y proteger a las personas bajo custodia o detenidas”, declara. Para ella, que hayan desnudado a la adolescente es “inaceptable” y no se condice con los tratados sobre violencia contra la mujer que Chile ha firmado. Insultarla por su sexualidad también transgrede la ley y lo mismo ocurre con la manera en que le sacaron el piercing. Usar un alicate “claramente puede ser considerado un acto vejatorio y denigrante, además de innecesario”, puntualiza.

La demonización del movimiento estudiantil

De los fuertes comentarios dejados en el video-denuncia del caso de Constanza Vargas y también en el caso de la actriz María Paz Cajas, se desprende un enorme rechazo de la población hacia el movimiento estudiantil y otros movimientos sociales. Esto bien lo sabe Macarena Cruz, vocera del Colectivo Liceo de Niñas A-33. Este establecimiento ha sido tomado varias veces, en demanda por un trato no discriminatorio. Pero a pesar de su propuesta pacífica, han sido fuertemente criticadas por profesores, apoderados y sus mismas compañeras.

“Ellos no se dan cuenta de lo que se hace en una toma. Creen que nos estamos alcoholizando, teniendo sexo, entrando gente que no es del liceo, lo generalizan mucho. Quizás han habido tomas muy violentas, que han destruido el inmobiliario de los liceos, pero no es nuestro caso. Por eso creo que avalan la violencia. A Carabineros los tienen tan en lo alto, que no piensan que pueden haber cosas por atrás”, explica.

Una opinión similar tiene Javiera Sanhueza, presidenta del 3º Medio C del mismo liceo: “Creen que los estudiantes venimos a puro lesear a las tomas, que sólo las hacemos para perder clases y que eso justifica todos los golpes que recibamos. Somos las malas de la película, nos han acusado de romper cosas”, agrega.

La principal demanda de estas estudiantes, es que se acabe la discriminación en este establecimiento. “Te discriminan por ser mamá, por estar embarazada, por ser de un estrato social bajo, por homofobia y hasta se discrimina a las niñas de Integración”, enfatiza Macarena Cruz.

“También exigimos democracia, porque no se nos toma en cuenta en las decisiones. Cuando queremos hacer reuniones, nos mandan al parque a hacerlas, pero este es nuestro liceo, tenemos derecho a ocuparlo”, puntualiza Javiera Sanhueza.

La socióloga Beatriz Cid tiene claro que el movimiento estudiantil se ha ido separando de la base social, lo cual ha significado una baja en su aprobación. “A la gente no le gusta el desorden, no le gusta la huelga pasando por la calle, entonces, como el movimiento estudiantil hace procesos de radicalizaciones y como ha sufrido muchas fracturas internamente, va perdiendo la conexión con la ciudadanía”, explica.

También, existe un muy mal concepto de las estudiantes movilizadas, ya que hasta en las construcciones de sujetos políticos son separadas sexualmente. “Hay formas de hacer política que son socialmente consideradas propias de las mujeres y formas de hacer política de los hombres. Y las mujeres que transgreden esa forma de hacer política femenina (como las beneficencias, las juntas de vecinos, los comedores estudiantiles, o la política buena onda de ayudar a estudiar), son sancionadas socialmente. No son ‘señoritas’. Estar en una calle haciendo barricadas es una forma política considerada socialmente masculina. Incluso marchar lo es, por eso muchas participan en estas protestas bailando”, aclara la socióloga y doctora en Filosofía.

La necesidad de un cambio institucional

Cuando la estudiante del Liceo de Niñas A-33, Constanza Vargas, denunció haber sido maltratada al interior del calabozo, el primer obstáculo con el que se enfrentó fueron los mismos uniformados: “Cuando fueron a hacer la denuncia a Carabineros nos decían que no había ocurrido nada, que no habían hecho nada y defendían mucho a Tania, la carabinero que la denunció. Trataban mucho de encubrir y encuentro que está súper mal eso: Carabineros es una entidad que defiende los derechos humanos, de los chilenos, y que no defiendan a los estudiantes, que somos menores de edad, lo encuentro terrible”, declara Javiera Sanhueza.

El caso de la estudiante Constanza Vargas y de la actriz María Paz Cajas, son sólo algunas de las denuncias más visibilizadas por los medios de comunicación y redes sociales, pero no son las únicas víctimas. El 2 de junio en Santiago, una estudiante del Liceo Experimental Manuel Salas y otra del Colegio Santa Catalina Labourne fueron heridas con perdigones, disparados a corta distancia por Carabineros. Ambas eran menores de edad.

A finales de mayo, otra joven se desplomó en plena marcha, presuntamente ahogada por los fuertes gases lacrimógenos que Carabineros lanzó hacia los manifestantes; debió ser reanimada y llevada a un centro asistencial por personal de Fuerzas Especiales. En otra marcha pacífica que se llevó a cabo en Santiago y que protestaba por los feminicidios ocurridos en marzo, más de 10 manifestantes fueron detenidas con extrema violencia. Incluso, algunas denunciaron tocaciones en sus partes íntimas. Ante estas situaciones, surge la pregunta, ¿se avala el uso de violencia desde la misma institución?

La también estudiante de Trabajo Social, Mónica Sánchez, tiene la sensación de que los mismos uniformados justifican la violencia: ” Van avalando ese tipo de prácticas, al punto de que finalmente la ciudadanía las entiende como legítimas, por lo que no las critican. Esto lleva a que se invisibilice la figura de la persona agredida por la violencia policial, pasa a segundo plano. Y eso ocurre no sólo con los estudiantes, sino que a cualquier persona en lucha”, afirma.

Beatriz Cid cree que Carabineros ha avanzado mucho en su enfoque de género, especialmente en el tema de las denuncias por violencia contra la mujer. “Hace 20 años atrás, si una mujer llegaba a denunciar esto, le decían que se arreglara con el marido: hay que reconocer que han avanzado en eso. Pero eso no se ha extendido a la cuestión represiva. Este oficio ingrato y que ojalá fuera innecesario, requiere de un enfoque de género”, agrega.

Amaya Álvez es enfática al afirmar que “existen numerosas normas internacionales de derecho humanos que regulan el uso de la fuerza para el cumplimiento del ordenamiento y la mantención de la paz pública y convivencia social” y una de las principales reglas, es que “el empleo de la fuerza debe ser proporcional y el mínimo necesario”.

Ante los episodios de violencia recientemente ocurridos, ella cree que se hace urgente “revisar de qué manera reciben educación en Derechos Humanos quienes son formados en esas instituciones policiales y qué procedimientos internos existen para sancionar a quienes cometen abusos”, es su conclusión. Un debate que no parece tener acogida entre las autoridades y que mientras no se regula, va dejando un reguero de estudiantes y manifestantes indefensos e inseguros frente a los propios vigilantes.