“Es un logro, pero también es un acuerdo frágil”: Amaya Álvez ante Acuerdo por la Paz Social

La propuesta ha sido mirada con desconfianza desde la ciudadanía y organizaciones sociales, debido a que se gestó a puertas cerradas en el Congreso. Por eso, conversamos con la Doctora en Derecho, Amaya Álvez Marín, de manera de visibilizar los avances que representa y debilidades que ya se perciben.

Por Cecilia Ananías para Académicos/as UdeC

Fue la madrugada del viernes 15 de noviembre, y tras una maratónica jornada de reuniones, que legisladores de gobierno y oposición -con la excepción del Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social- anunciaron un Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Un hito en el contexto del estallido social, que fue tan aplaudido, como criticado, principalmente, porque se denunciaba que se llevó a cabo “en la cocina” del Congreso y entre los mismos partidos políticos de siempre.

Recordemos que la propuesta incluye un plebiscito ciudadano para abril de 2020, en el cual se harán dos consultas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactarla: una Convención Constitucional (Asamblea Constituyente) o una Convención Mixta Constitucional (50% ciudadanía, 50% parlamentarios/as).

Hasta hoy, este acuerdo es mirado con suspicacia y desconfianza desde la ciudadanía, que se sintió dejada de lado en este importante avance. Por eso, conversamos con la Doctora en Derecho y docente de la UdeC, Amaya Álvez Marín, quien afirma que este “es un logro, con aspectos positivos y negativos. Pero también considero que es un acuerdo frágil y que aún tiene que ser llenado de sentido. No creo que podamos hablar de un acuerdo finalizado, está en construcción”.

Entre los factores que siente que pondrían en peligro este acuerdo y que no pueden dejarse pasar, Álvez afirma que ha visto un rechazo desde el comité de 14 expertos hacia “la idea de escaños reservados a pueblos originarios. Ya sea en la Convención Mixta o la Convención Constituyente, me preocupa que no piensen que cualquier órgano que vaya a construir la Constitución para Chile debiera tener la voz de los pueblos originarios asegurada”, declara. La abogada hace hincapié en que esta es una deuda histórica del país y también, “responde a las obligaciones que los tratados internacionales de Derechos Humanos tienen para Chile”.

Otro punto que preocupa a la docente de la Universidad de Concepción, es el debate por la paridad, es decir, la exigencia de que el 50% de la asamblea esté compuesta por mujeres. Para Álvez, no tiene sentido “tener que dar unas explicaciones, cuando, si pensamos en un órgano que sea representativo de la ciudadanía, el 51% de la población somos mujeres”. A esto, bajo la mirada de la experta, también debe sumarse el espacio para otros grupos invisibilizados, como personas con discapacidad y diversidades sexuales.

Pero a pesar de estas problemáticas en discusión, para ella es un acuerdo que valora, por el avance que representa: “Por ejemplo, nunca antes había escuchado que la Derecha estuviera disponible para ponerle vigencia orgánica a la Constitución de 1980, en un plebiscito de entrada y salida”.

Asamblea Constitucional versus Convención Constitucional

El cambio de nombre de esta instancia también ha sido un detalle que llama la atención a la población, levantando incluso rechazo hacia esta propuesta. Para Álvez, existen algunas pequeñas diferencias técnicas, “como que la Asamblea Constituyente es 100% ciudadana y participativa y la Convención quizá tiene un filtro por los partidos políticos. Pero creo que la Convención Constitucional, del modo en que se propone como el acuerdo, podría ser una Asamblea Constituyente en la práctica, 100% ciudadana. Si le ponemos esa interpretación, es equivalente”.

Además, la abogada hace hincapié que concentrarse en solo ver las diferencias “no ayuda y le da razones a quienes no les gusta la Convención Constituyente”.

Dentro de todo el proceso que está viviendo el país, la experta rescata y valora que la gente se esté reuniendo a tener diálogos constituyentes, en asambleas, cabildos y otras instancias ciudadanas. Su llamado es a guardar los acuerdos alcanzados en actas, como el formato disponible en ArchiverosSinFronteras.cl, porque, desde su mirada, esto debería considerarse en el proceso de construcción de una nueva Constitución:

“Debiera ser que toda la ciudadanía reunida haga llegar sus actas a un órgano que las pueda sistematizar. Porque hay que buscar maneras en que la ciudadanía manifieste su voluntad, más allá de quienes se reúnan en la convención constituyente. La convención debería tener insumos ciudadanos, para que la voz de los cabildos esté presente”.

Criminalización de la protesta

Otro motivo por el cual existe tanta desconfianza en torno al Congreso, es por la promoción de leyes que criminalizarían la protesta social y que son votadas en este organismo. El jueves 5, el Senado aprobó en general el proyecto de la ley “Antisaqueos”, iniciativa que podría castigar hasta con 5 años de cárcel a quien tome parte de un hecho constitutivo de desorden público durante una manifestación; anteriormente, también habían votado de forma positiva ante el proyecto de ley “Antiencapuchados“, la cual podría sancionar hasta con 3 años de cárcel a quienes atenten contra el orden público ocultando su rostro. Además, existe otro proyecto que buscaría habilitar a las Fuerzas Armadas para resguardar “infraestructura crítica”, sin necesidad de declarar un Estado de Excepción.

Para Álvez, lo que está ocurriendo pasa porque no se reconoce o se desconoce el rol de las protestas: “La manifestación es un derecho social fundamental. Y aunque no está dicho expresamente así, uno lo puede construir a partir del derecho de reunión o de asociación y la libre expresión. Eso significa que las personas se pueden reunir para expresar libremente lo que opinan. Y a lo mejor, su opinión es una crítica al modelo actual o el Gobierno. Y mientras sean reuniones pacíficas y sin armas, debe ser respetado. Pero lo que vemos es a personas protestando pacíficamente en las calles, quienes son violentamente reprimidos”. Por eso, para la Doctora en Derecho, es urgente trabajar en profundizar los derechos fundamentales.

A eso, Álvez agrega que “la respuesta de las fuerzas de orden ha sido bastante mala. Tenemos traumas oculares, violaciones contra los DDHH, uso de materiales de represión que no están en los protocolos. El uso proporcionado y racional de la fuerza tiene límites súper claros y sobre eso están los Derechos fundamentales de la población”.

El cronograma del proceso

Es importante recordar que el acuerdo se abre a la posibilidad de reemplazar la constitución y esto se daría en tres momentos. Como explica Amaya Álvez, “un primer hito es en abril del 2020, donde podemos votar si queremos o no iniciar el trabajo por una nueva constitución. Ahí, se votará si se aprueba tener una nueva constitución (sí o no) y cuál es el mecanismo que se prefiere para llevarla adelante: Convención Constitucional Mixta (mitad parlamentarios, mitad ciudadanía) o la Convención Constitucional (100% ciudadana)”

El segundo hito sería en octubre del 2020, cuando “se votaría quiénes la integrarían y esa convención comenzará a trabajar por 9 meses, extendible a un año. Entonces, en octubre del 2021 tendríamos una propuesta de texto constitucional, que deberá pasar al tercer hito, un plebiscito de salida. Ahí, el texto que hayan redactado será sometido a un nuevo plebiscito ciudadano, de manera de determinar si lo aprobamos o rechazamos. Por lo que estaríamos hablando de que en enero del 2022 sabríamos si tenemos una nueva Constitución chilena”.

Para la abogada, sería importante que haya una votación contundente en el primer hito, de manera de imprimir rapidez al resto del proceso. También, cree que es importante promover el voto obligatorio, “porque así se sacaría una verdadera radiografía a nuestra sociedad”.

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