Por Cecilia Ananías
Tras el Centro de Formación Técnica Lota-Arauco existe toda una historia de conciencia social y sacrificio. De hecho, este fue creado a raíz de la lucha de los 1.500 mineros que quedaron desempleados en 1996, con la crisis de la Empresa Nacional del Carbón (Enacar S.A.) Aunque fue una época oscura para los lotinos, después de continuas protestas, lograron que se cumplieran varias de sus demandas, entre ellas, la instalación de un centro técnico en Lota, “que sirviera para la formación de los hijos de los trabajadores de Enacar y de toda aquella gente que viviera en la zona”, explica Víctor Canteros, secretario del sindicato del CFT Lota-Arauco.
Esto ocurrió en medio de índices de cesantía críticos y cuando aún no arribaban empresas pesqueras a la localidad, por lo que se hacía imperativo que los habitantes se especializaran en otros rubros, distintos a la minería. Finalmente, en 1998 la Universidad de Concepción se adjudicó la licitación de este proyecto, que desde entonces forma a jóvenes y trabajadores de la región del Bío Bío en los mismos ex edificios de Enacar.
Pero el espíritu social que inspiró su creación parece haberse ido perdiendo con los años, ya que desde el 2002 que sus trabajadores y académicos luchan por acabar con la precarización laboral y por conseguir sueldos éticos –los cuales han disminuido, en vez de aumentar con los años-. En cada una de las negociaciones, la respuesta ha sido negativa, situación que este año su sindicato quiere cambiar. Víctor Canteros, quien es ingeniero y dicta clases en este centro, recuerda que el CFT “comenzó con tres carreras y con los profesores ‘boleteando’ por $5.500 la hora. Pero con el tiempo, nos rebajaron unilateralmente el precio de la hora académica, hasta $3.500”, explica.
Aunque en el 2003 se reguló la contratación de buena parte de su personal para que contaran con contratos indefinidos, “al poco tiempo, volvieron los contratos por hora y sin incluir los tiempos de atención a estudiantes ni beneficios. La gente que se fue incorporando después [del 2003] está laboral y económicamente muy mal, las condiciones son menos que las mínimas. Nuestro sindicato siempre ha querido negociar, pero la rectoría del CFT –sí, tiene su propia rectoría-, con aval de la Udec y del directorio, nos lo impiden. Es un ‘lo toman o lo dejan’”, agrega.
Víctor también vio con preocupación cómo se fueron creando más departamentos administrativos con los años, incluyendo una Vicerrectoría y un departamento de “Vinculación con el Medio” en un establecimiento que no tiene más de 2 mil alumnos. Estos organismos han acaparado los recursos del CFT, en desmedro de las condiciones de sus trabajadores y alumnos; mientras existen puestos administrativos en los que se pagan varios millones –incluyendo un puesto ocupado por la hija del rector, Paula Quiñones-, al final de la pirámide organizacional hay trabajadores que no les alcanza la plata ni para el pasaje de la micro.
Organigrama del CFT. Los profesores aparecen al final de este
El bichito de la justicia social
La movilización por sus demandas comenzó de forma lenta y con una organización debilitada, porque como explica Víctor, “nos pesaba el fantasma del despido. Después de lo ocurrido en 1996, la gente tenía mucho miedo a perder sus trabajos”. Además, cada vez que intentaban negociar, el artículo 240 del Código del Trabajo –que impide las negociaciones en instituciones que reciben aportes del Estado-, les jugaba en contra.
No fue hasta el 2014 que se refundó el sindicato y las movilizaciones fueron cobrando fuerza. “Comenzó el bichito de la justicia social”, explica Carlos Jerez, tesorero de esta organización y quien también se desempeña como docente en el Liceo Carlos Cousiño. Por primera vez, se hizo una toma histórica del CFT que duró por un día y se le exigió al rector del CFT, Luis Quiñones Escobar, que se les cancelaran varios pagos exigidos. El escenario fue complicado, porque como explica Carlos “el rector del CFT se cree omnipotente, te mira por encima del hombro, se cree el dueño de esto. Él sentía que teníamos que estar agradecidos de todas las ‘bondades’ de nuestros trabajos”.
El mismo día de la toma, el tema salió a la luz pública y el directorio le ordenó a Luis Quiñones que pagara lo que se pedía. “Que no era mucha plata”, agrega Carlos. Ese importe se pagó, pero tuvo algunas consecuencias calificadas de “extrañas” por este sindicato: antes del 2014, las estimaciones del presupuesto eran históricamente a favor del CFT; pero desde aquella movilización, han sido siempre negativas.
Este 2016, decidieron volver a la carga, investigar y denunciar irregularidades, pero con la ayuda de un abogado. Gracias a sus gestiones, llevaron su caso a la Inspección al Trabajo, donde corroboraron que sus demandas eran legítimas y que tenían derecho a negociar. Se les dispuso un mediador, pero los integrantes de este sindicato sienten que, a pesar de esto, tropiezan una y otra vez con la intransigencia de la administración: “Hemos bajado cinco veces nuestra propuesta. Nuestro petitorio tenía 29 puntos inicialmente y ahora estamos en 9. Hemos estado completamente abiertos y dispuestos al diálogo, pero no hemos conseguido nada. Por eso votamos la huelga”, detalla Carlos.
En medio del conflicto, les han negado el pago de los anticipos a quienes han participado en las movilizaciones y sólo les han ofrecido un bono de término de conflicto de $5.000. A pesar del impacto económico que ha tenido en los manifestantes, ellos y ellas no han bajado los brazos:
“Hay trabajadores que ganan 340 mil brutos, o sea, que les quedan 270 mil líquidos en el bolsillo. Si a eso le restas las cuentas básicas de una casa –luz, agua, gas, cable e Internet-, te quedan unos 170 mil. Si lo divides por cuatro, que suele ser el promedio de familiares por trabajador, te dan 40 mil por persona mensualmente. O sea, esperan que la gente viva con $1.400 al día. Y con eso tienen que comer, vestirse, pagar salud y movilizarse. Ese es el sueldo paupérrimo que gana un trabajador nuestro”.
El docente agrega que “el rector Luis Quiñones ni se arruga con los hechos, los niega. No sabe ni lo que comen sus trabajadores al almuerzo”. “Una taza de té y un pan con cecina lisa. No alcanza para nada más”, precisa Hortencia Zapata, presidenta del sindicato.
Sus demandas
Hoy, el sindicato del CFT Lota Arauco ha centrado sus demandas en tres puntos intransables: “para los trabajadores que ganan menos, que serían alrededor de 25 personas, solicitamos el aumento de sus sueldos. Propusimos el reajuste del IPC más el 6%; el rector nos ofreció sólo un 2%. Luego, nos ofreció un 2,5%, lo cual habríamos aceptado si se aplicara de forma anual, pero él quiere que se haga cada dos años, lo cual es una miseria. Pedimos un bono de colación de $2.000 diarios para cada trabajador con bajos sueldos; nos bajamos a $1.000, luego a $850 y todavía no lo aceptan. Y ojo, que no lo pedimos para todos los empleados, es para quienes perciben menos ingresos, para que coman algo mejor que un pan con cecina. Que nos diga que no, es vergonzoso”, explica Carlos.
“Para los profesores del CFT estamos pidiendo el pago adicional de 24 minutos a la semana para que organicen clases, armen certámenes y atiendan a alumnos. Apenas 6 minutos al día. Y no quiere. O sea, a los profesores el sistema nuevamente nos aplasta”, agrega. “Tenemos jefes de carrera a cargo de dos programas simultáneos y a ellos les pagan lo mismo que alguien a cargo de una sola carrera. Para ellos pedimos un bono de $50.000 mensual por responsabilidad. Lo bajamos a semestral, pero siguen los problemas”, detalla. “También, que se regularice la entrega de indumentaria a los trabajadores. Hay gente que está esperando desde marzo que le pasen sus zapatos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos pidiendo? Es lo mínimo”, explica Carlos.
El viernes fueron a tribunales a interponer una denuncia por dos causales, una de ellas es el no pago de anticipos de los trabajadores en huelga, dineros que debieron haber sido cancelados antes de la movilización. “La gente quiere este anticipo para terminar el mes. Ellos cuentan con esa plata para comer, para pagar los pasajes”, agrega Hortencia Zapata. “Sólo ocurrió con las personas que estamos en huelga. Lo hacen para castigarnos. Es una maldad, algo completamente antisindical”, hace hincapié Carlos.
Pero a pesar de todas las problemáticas e irregularidades que han enfrentado, Carlos siente que la huelga los ha unido. “Ha habido una gran fraternidad. Acá almuerzan juntos secretarias, auxiliares, guardias y profesores. Ya no tenemos miedo, estamos paraditos”, agrega.
La presidenta del sindicato, Hortencia declara sentirse completamente decepcionada del accionar del rector del CFT: “Siento que no les importamos nosotros o nuestra integridad, sólo que cumplamos nuestro horario. Yo trabajo desde marzo de 1999 aquí y siempre ha sido así: si se enoja no hace paseos, quita beneficios o fiestas; nos castiga, igual como ocurrió ahora con el no pago de anticipos. Es caprichoso y siento que no corresponde que gente así trabaje en el CFT”.
Hortencia tiene claro que “esto es un proyecto social y es de Lota. Yo no entiendo por qué traen gente de otras ciudades a ocupar los puestos importantes de este centro, si hay tantos jóvenes capacitados de Lota que podrían hacer la misma pega. Esto es nuestro. Mi marido igual fue minero y me dice que dé la pelea, porque ‘este CFT lo ganamos nosotros con nuestra lucha’ y no fue menor lo que ellos hicieron, pasaron meses durmiendo en las calles de Santiago y juntando plata en tarro para conseguirlo”, declara.
Afuera de uno de los edificios del CFT se lee en un cartel gigante en el que denuncian la intransigencia de las autoridades: “Queremos soluciones dignas, ¡ahora!” Un conflicto que si bien podría tener algunos avances esta semana, ha revelado cómo el mercado y lo privado permea la educación, en desmedro de profesores, trabajadores y estudiantes, incluso en un proyecto con tanta historia social como es el caso del CFT Lota-Arauco.
¿Y qué dice la Comisión Nacional de Acreditación ante esto?
Entre los problemas que identificó la Comisión en su visita de 2014, se señala que si bien este establecimiento “se presenta con una marcada vocación social, no obstante, no existe una declaración formal a nivel de misión, visión o propósitos institucionales que entregue clara evidencia del rol que la Institución plantea desempeñar en la región y en la localidad donde se inserta”, como escriben en su informe.
También, se acusó que “la participación de la Universidad de Concepción en el Directorio es sólo nominal y no se constituye como un aporte a la planificación del Centro” y que en cuanto a viabilidad y sustentabilidad financiera, “el Centro no presenta documento alguno que permita concluir que se dispone de una planificación que asegure que pueda sustentar su proyecto educativo en caso de no contar con los recursos provenientes del convenio con CORFO, el cual finaliza en el año 2017”. La comisión también halló “márgenes negativos” y “una alta dependencia de su controladora”.
Lo que más rescató la comisión, fue su cuerpo de 97 docentes, de los cuales, un 90,7% es licenciado o profesional y un 9,2% es magíster. Se señala que “el Centro dispone de un cuerpo docente estable, comprometido con el proyecto institucional y con niveles de formación acordes con el perfil general definido por este”. A pesar de estar bien calificados, del total de docentes, sólo un 24,7% trabaja a jornada completa, ya que la mayoría (56,7%) se desempeña en una jornada parcial (al menos, hasta 2014, que es cuando se redactó este informe).
Este año, la comisión retornó y aumentó la acreditación del centro de 2 a 3 años, con un informe un poco más positivo. Aun así, la comisión avala las dudas y críticas del sindicato, al señalar que “la estructura organizacional pudiera ser algo abultada en cuanto a la cantidad de unidades con la que se cuenta. Lo anterior se pude evidenciar, por ejemplo, con el equipo del área de vinculación con el medio y con el área de proyectos”.
También agrega que aunque la dotación de profesores aumentó a 100 y sus evaluaciones son “buenas y bastantes homogéneas”, también se observa una variación “en la cantidad de profesores con menos de 22 horas de dedicación, siendo 44 docentes en 2015 y 55 en 2016”. Es decir, sus empleos se habrían precarizado, en vez de mejorado.
Finalmente, se concluye que “la institución no cuenta con una política de rentas, que para los profesores, de acuerdo a la información obtenida en las reuniones, sería muy importante tener, principalmente, por la zona en que desarrollan sus actividades”.