Como miembros de la comunidad y como organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos, quienes suscribimos esta declaración manifestamos nuestro respaldo a la Rectoría de la Universidad de Concepción en la búsqueda de espacios de dialogo con los jóvenes imputados en el contexto de manifestaciones en el denominado estallido social por desórdenes en el Campus, expresamos lo siguiente:

1.El 18 de octubre del 2019 marcó un antes y un después para el país. Los efectos del modelo económico neoliberal y los importantes niveles de desigualdad social, sumados a la falta de protección SOCIAL POR PARTE DEL Estado, gatillaron la expresión del descontento y la denuncia en las calles. Así, la llamada “revuelta social” permitió dar cuenta de las expectativas ciudadanas de profundas transformaciones sociales. Los actores políticos canalizaron una salida institucional que permitió un acuerdo para darnos como país una Nueva Constitución. Sin embargo, este proceso tuvo importantes consecuencias negativas. En efecto, la propia Convención Constitucional reconoce que “la revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado incluyendo mutilaciones, traumas oculares, apremios ilegítimos y distintos tipos de vulneraciones, que no podemos invisibilizar. Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia.”1.

2. En este contexto, durante el estallido social en nuestra Universidad -al igual que en el resto del país- ocurrieron hechos graves y lamentables de violencia, llevados a cabo por agentes del estado que cometieron actos de represión policial y también por manifestantes, y, en ese contexto la Universidad de Concepción sufrió importantes daños en su patrimonio y bienes.

3. Que condenamos categóricamente todos los actos de violencia que ocasionaron daños a la Universidad y a su Campus Central y declaramos a la comunidad en general, que NUNCA MÁS la Universidad de Concepción debe ser víctima de ningún hecho de violencia, ya que como institución forma parte de nuestra comunidad y como tal, debe ser valorada y protegida por todas y todos.

4. El caso que nos ocupa involucra a un grupo reducido de jóvenes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a pesar de que los hechos y desórdenes se vieron en un contexto de concurrencia masiva. Estos jóvenes permanecieron en prisión preventiva en Cárcel del Manzano y en el Centro de Rehabilitación Conductual (CERECO) padeciendo experiencias de vulneración de sus garantías fundamentales. Consideramos que el sistema punitivo chileno no cumple una función de reinserción social, y más aún, en casos como éstos ha contribuido a la re-marginalización.

5. La Universidad de Concepción, es una institución de educación superior laica y pluralista con vocación pública, fundada por y para la comunidad, que cuenta con un amplio reconocimiento por su calidad educativa, y que, fiel a los valores que declara en su plan estratégico, forma a jóvenes ciudadanos y ciudadanas altamente comprometidos con la sociedad, que tendrán aún mayor protagonismo en el país que queremos construir.

6. En concordancia con lo anterior, la Universidad juega un rol fundamental en fortalecer la convivencia democrática, la equidad, inclusión y respeto a los derechos humanos, contribuyendo a la generación de igualdad de oportunidades y a la eliminación de las diferentes formas de discriminación.

7. Esta Institución ha cumplido con su rol de resguardo del patrimonio al poner en conocimiento de las entidades correspondientes los hechos y corresponde a la justicia, de acuerdo con el estado derecho, hacerse cargo del proceso judicial mismo. El continuar desarrollando acciones en calidad de querellante se escapa, a nuestro juicio, de la misión central de la Universidad. Consideramos que será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial sobre las circunstancias específicas de los hechos y personas involucradas.

8. Nos parece que el camino de diálogo por el cual ha optado la rectoría de la UdeC es una muestra de consistencia con los principios de humanismo, democracia y equidad que sustentan a esta Institución.

9. Consecuentemente, apoyamos firmemente esta posición y nos comprometemos como personas y agrupaciones, a poner todo nuestro empeño para contribuir a la construcción de una sociedad que base su convivencia en el diálogo, la inclusión social, la deliberación, el pensamiento crítico y la responsabilidad social.

ORGANIZACIONES FIRMANTES
• Comisión de Derechos Humanos, de la Asociación de Académicos y Académicas Enrique Molina Garmendia de la Universidad de Concepción
• Federación de estudiantes de la Universidad de Concepción
• Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción
• Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo
• UNIDAS contra la impunidad
• Colectivo Antropología Popular
• Brigada de la solidaridad María Teresa Bustillos

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